El juicio por el asesinato del oficial Sayago en la pueblada de Las Heras-Santa Cruz el 7 de febrero de 2006, en el que están imputados trece petroleros y vecinos de esa localidad, ha entrado en su tercera semana.

Los testimonios que han pasado -todos ofrecidos por la fiscalía- no aportaron pruebas concretas contra los imputados. Pero sí numerosas evidencias de que la instrucción estuvo marcada por apremios ilegales -no sólo de los policías implicados, sino incluso de la jueza de instrucción Roata de Leone.

Los testimonios de los distintos policías fueron modificándose y mostrando una preparación previa escandalosa. Está claro que fueron adoctrinados para fortalecer aquellos puntos que las preguntas de las defensas habían debilitado en relación con los hechos.

El caso más escandaloso fue el del oficial Varela. En su empeño por graficar lo vivido, declaró que los distintos grupos que lo atacaban se podían ver en la filmación del expediente. Al ser interrogado por la defensa sobre quién le había mostrado la filmación, dijo que, como es querellante, la vio junto a sus abogados. Quedó al desnudo la preparación previa de esa "evidencia".

La incomodidad del tribunal cuando trascendió la posibilidad de acciones de inteligencia ilegal, o cuando quedó al desnudo que los hechos que terminaron con la muerte de Sayago nacieron de una represión violenta a una manifestación obrera pacífica, es notable.

La jornada del viernes estuvo marcada por el testimonio de una vecina que, durante la instrucción, había señalado a su cuñado como autor de los golpes a Sayago. Llorando, manifestó en la sala que su anterior declaración fue obtenida por la juez de instrucción mediante gritos y amenazas.

El tribunal la mandó "a recapacitar". El apremio no logró quebrarla y ratificó que sus declaraciones fueron fruto de las amenazas. El señor José Bilbao, al denunciar las torturas sufridas por su hermano y sobrino en la causa, fue sometido a un duro trato por parte de las querellas y el tribunal.

El desarrollo del juicio deja en claro que la "investigación" previa sólo tuvo como objetivo culpar un grupo de trabajadores de un hecho que tiene su origen en la represión estatal a una huelga obrera.

La imparcialidad del tribunal está en duda. Esto ha sido advertido por las defensas, las que podrían llegar a plantear la recusación de sus miembros.