En las vísperas del 24 de marzo, el gobierno de Juan Schiaretti anunció la creación de un “Comité de Emergencia Social” por la crisis del coronavirus, integrado en su mayoría por las fuerzas represivas locales y nacionales que actúan en la provincia. En efecto, el comité está conformado por el gabinete social de la Provincia, el Ministerio de Seguridad provincial, Policía provincial, Fuerza Policial Antinarcótico, Gendarmería, Ejército Argentino, Fiscalía General y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba. 

No existe, al menos públicamente, un instrumento legal que fije la conformación y la competencia del nuevo organismo, pero desde el gobierno se informó que “…es una unidad estratégica para delinear y ejecutar acciones que fortalezcan la logística en la respuesta social a los sectores más vulnerables de la sociedad. El Ejército Argentino participará en tareas de apoyo a la comunidad brindando despliegue logístico en tareas de colaboración de carácter humanitaria con el gobierno”.

Si lo que se buscaba es asistir a los sectores vulnerables, el gobierno debería haber escuchado los miles de reclamos de los trabajadores de salud y de la educación que diariamente enfrentan la crisis social en las barriadas más pobres; o a las organizaciones sociales de distintos tipos, que luchan contra la miseria social organizando comedores, guarderías, para enfrentar el déficit de vivienda, y demás iniciativas. 

Pero el gobierno va en sentido contrario y convoca al Ejército y a la Gendarmería, para que, junto a la policía local, se adentre en las barriadas más populares. Tenemos entonces un instrumento de intervención política, no para distribuir la ayuda social, que aparte no llega a esos lugares; sino para controlar, regimentar y reprimir, los reclamos del sector de la población que más sufriría las consecuencias del coronavirus y de la crisis económica que se agrava con la pandemia. 

El gobierno provincial sigue una orientación marcada por el gobierno nacional de Fernández, de ir preparando las condiciones de intervención del aparato represivo. Schiaretti es consciente de que necesita valerse del recurso de las fuerzas represivas para pilotear una situación social que empieza a ponerse al rojo vivo. 

Este camino antidemocrático y represivo, ya fue marcado con el cierre de hecho de la Legislatura provincial, cuando debe sesionar para abordar las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Ello solo fue rechazado por el Frente de Izquierda, mientras que la oposición patronal (UCR y Cambiemos) y la Iglesia avalaron esa medida. 

Mientras el gobierno acude a las fuerzas represivas, las patronales pretenden actuar a sus anchas, obligando a trabajar sin las medidas de seguridad, procediendo a dar licencias sin goce de sueldo, o directamente despidiendo. El propio gobierno provincial impulsa esa orientación de ataque a las condiciones de trabajo, así lo están dando cuenta trabajadores de la salud, de las tercerizadas de hospitales y las compañeras despedidas del Polo de la Mujer. 

Reclamamos la eliminación de este comité represivo y rechazamos la militarización de las barriadas. Denunciamos que esa política está al servicio de los dictados de los capitalistas que pretenden seguir con la privatización de la salud, la superexplotación laboral, la marginación social de la mano de un ejército de desocupados, y el pago de la deuda usuraria; mientras el pueblo trabajador sufre desocupación, hambre y muerte.  

En ese sentido, impulsamos la creación de comités de higiene y salubridad para organizar las denuncias en cada lugar de trabajo y en cada barrio, para conquistar los reclamos pendientes, garantizando la salud y los derechos de las y los trabajadores. Estos organismos resultarían una poderosa palanca para que la clase obrera irrumpan como un factor político independiente en la crisis económica y sanitaria.