El ‘segundo’ juicio por María Soledad está ‘empiojándose’. En la jerga tribunalicia significa que por la vía de chicanas, de falsos testimonios y testigos que se desmienten, se ‘va para largo’. Por lo pronto, ya está garantizado que no sólo no habrá fallo antes de las elecciones, sino que al actual ritmo “el debate terminaría en enero próximo” (La Nación, 15/9), en medio de las vacaciones…

Ya en las “dos primeras semanas de debate … el encubrimiento fue suficientemente probado” (ídem, 30/8). Pero desde entonces se desató una ola de amenazas e intimidaciones a testigos claves que demostraron que el crimen fue cometido desde las entrañas del poder: “altísimos ex-jefes de la policía provincial visitan en estos días, por primera vez en siete años, los domicilios de sus ex-subordinados” (ídem). Las evidencias de la complicidad policial y de la participación de los ‘hijos del poder’ en el asesinato de María Soledad, las ‘orgías’ y el tráfico de estupefacientes saltaba a la luz ante cada nueva declaración. ¡Pero nadie iba en cana! El tribunal, incluso, por “segunda vez”, rechazaba el pedido del fiscal de modificar la calificación del caso, para “evitar a toda costa la detención de los imputados”, Luque y Tula (ídem, 5/9).

Así, aunque otros “silencios se rompieran —dice Clarín (19/9)—, la trama de complicidades busca preservarse a partir del ejercicio de la violencia. Fue así como el mismo bombero que testificó—que la jefatura policial le había ordenado lavar el cadáver— sufrió el incendio intencional de la cortina del dormitorio de su hija. Un colectivero que dice haber visto a las personas que hallaron el cuerpo de María Soledad, fue amenazado primero para cambiar su declaración y luego por el contenido de la misma. Precisamente, el tercer testigo que recibió amenazas al parecer habría presenciado las primeras intimidaciones contra el colectivero …(también se intimidó) a quien denunció cómo borraron huellas y a quien indicó maniobras que hablarían de un intento de deshacerse del cadáver”. Ahora, informa Clarín del 21/9, una testigo que “pidió protección y aseguró que iba a ratificar la acusación contra Luque”, está desaparecida desde el miércoles 17.

¿Puede este nuevo juicio terminar en un fiasco como el anterior? Clarín (19/9) editorializó acerca de esto: “La significación del crimen de María Soledad es inmensa, a punto tal de haberse convertido en un test acerca del funcionamiento de las instituciones”.

No se puede descartar que, si antes no se escapa, algún culpable termine en prisión; probablemente, según todos los indicios, Guillermo Luque o Diego Jalil, el sobrino del entonces intendente de Catamarca, quien habría ‘depositado’ el cuerpo de María Soledad donde fue hallado. Ya se dice en los mentideros catamarqueños, según Página 12 (31/8), que “a Luque lo tiraron en paracaídas al desierto del Sahara con una caramañola de agua”. Por eso, Luque padre, el ex-diputado saadista, dice ahora que “nunca fui nada en Catamarca” (Clarín, 7/9). Los ‘jóvenes’ Luque como Diego Jalil son presentados como dos ‘ovejitas’ descarriadas, “por organizar fiestas … (donde) se aprovechaban de chicas de humilde condición, a las que atraían con los símbolos del status” (La Nación, 13/9).

Pero a través de diversos testigos surge que también están comprometidos “Arnoldito Saadi … primo del entonces gobernador…; el “tío intendente … propietario del Sanatorio Pasteur, donde algunos testigos del juicio oral dijeron que se intentó reanimar a la ya agonizante María Soledad”; …(y) “el hijo del entonces jefe de policía Miguel Angel Ferreyra, el presunto cuarto ocupante del automóvil en la estación de servicio”, donde un testigo habría visto a Luque el día de la ‘orgía’ (ídem, 14/9). Disponerse a ellas, especialmente para las ‘jóvenes humildes’, era‘condición’ para acceder a un puesto en la administración ‘pública’, denunció una ex-amante de otro ex-senador catamarqueño (Página 12, 14/9).

Para la ‘justicia’ y todo el régimen político la cuestión no pasa por investigar y castigar el sistema que cobijó e instigó el crimen. Ni por asomo se plantea un cuestionamiento a los verdaderos responsables de la ‘orgía’ catamarqueña, es decir, los intereses sociales y políticos de la “trastienda de oro y barro” (ver PO Nº 554) que sigue intacta en la provincia.

Para impedir una nueva ‘sucesión’ de juicios, a la luz de la experiencia del ‘caso Carrasco’, la justicia ya dictaminó que “las penas por encubrimiento prescribieron” (La Nación, 30/8).

Entre las aspiraciones de justicia y castigo del pueblo y las que puede consagrar el régimen capitalista hay un abismo.