En una nueva jornada del juicio que se sigue contra los militantes César Arakaki (del PO) y Daniel Ruiz (del PSTU) por los hechos acontecidos en la multitudinaria movilización contra la reforma jubilatoria del 18 de diciembre del 2017, el dato más significativo fue el abandono de la querella que representaba al oficial Brian Escobar en el juicio.

Escobar fue herido gravemente en la cabeza por una piedra en aquella jornada, cuando cumplía funciones como infantería del grupo antimotines de la policía. Primero los medios y luego la fiscalía y el juez Sergio Torres señalaron tanto a Arakaki como a Dimas Ponce como autores de las lesiones contra el mismo en agresión (lo que pretendía significar que habían participado del momento en que resultó lesionado). Por eso en el juicio su carácter de querellante se limitaba a poder acusar a Arakaki por las lesiones sufridas.

En la audiencia en que declaró Escobar se le exhibió un video de la movilización, donde se observa que en el momento que recibe el piedrazo, tanto Arakaki como Ponce se encuentran totalmente ajenos a esa acción. Evidentemente hubo una decisión política y se optó por atribuir ese delito a los militantes del Partido Obrero.

La renuncia en el juicio a mantener su rol por parte de la querella expresa, al desistir de pedir una condena de Arakaki por sus lesiones, que está convencida de su inocencia.

El fiscal puede mantener por sí mismo la acusación contra Arakaki por las lesiones, pero de elegir este camino, quedará al desnudo que su interés se aleja de la verdad de los hechos y solo tiene como objetivo consolidar la persecución penal contra los militantes que participaron de la marcha del 18 de diciembre, en particular los miembros del Partido Obrero.