En la madrugada del lunes Lautaro Rose, un jóven de 18 años, desapareció mientras era perseguido por la Policía de Corrientes. La versión de la fuerza de que “habría saltado al río Paraná” para escapar de una persecución policial fue desmentida por la familia, que señala que Lautaro no sabía nadar. A su vez, no existen registros oficiales sobre el operativo ni sobre el accionar de la policía, pero sí se difundieron testimonios que niegan casi toda la presentación policial sobre los sucesos. En la mañana de este miércoles, todo culminó con el peor escenario: el cuerpo sin vida de Lautaro fue encontrado por pescadores.

La policía correntina argumenta que “se generaron disturbios” y “la fuerza intervino” en la Costanera Sur, lo que ocasionó “tumultos y corridas”. De esta manera, Lautaro habría “saltado al río” para escapar de los agentes junto a un acompañante de 16 años. La fuerza señala que “el acompañante regresó, pero Lautaro no”. Esta explicación de lo ocurrido fue desmentida, tanto por la familia negando que Lautaro supiera nadar como por varios testimonios; incluído el propio amigo del jóven.

Algunos presentes en la zona aseveran, antes que nada, que al arribar la policía a la zona donde se habrían generado los incidentes (en una celebración por el Día del Empleado Municipal) lo que comenzaron fue una represión brutal sobre todos los presentes. Gritos, golpizas y hasta amenazas con sus armas. Un grupo de estos jóvenes habría comenzado a correr para escapar de la razia policial, a lo que comenzaron a ser perseguidos por un grupo de agentes que efectuaron disparos de balas de plomo; algo que quedó probado por la aparición de casquillos en el perímetro.

El jóven que acompañaba a Lautaro es uno de los testimonios clave. Niega de punta a punta lo que la policía dice que ocurrió. De hecho, señala que tanto a él como a la víctima, luego de correrlos a los tiros, logran encerrarlos en un predio al que ingresaron buscando eludir a los policías agresores. Los efectivos los golpearon a ambos, hasta desmayar al menor de edad. Una vez que recuperó la conciencia, su amigo ya no estaba a su lado. Esto fue abonado por el tío de Lautaro, que denuncia que el cuerpo de su sobrino tenía golpes visibles.

La familia también hace denuncias contundentes como terribles alrededor de los policías involucrados. Por ejemplo, que comenzada la búsqueda un agente policial (o eso suponen, ya que no tenía identificación) les dijo que Lautaro estaba en la Comisaría 12°. Horas después, relata el tío, cuando se dirigen a esta dependencia se encontraba el mismo policía, que comenzó a burlarse de ellos. La Jefatura de Policía tuvo que apartar y abrirle sumarios a tres efectivos implicados tras desencadenarse marchas de cientos de personas exigiendo la aparición del joven, pero esto es solo un primer paso conquistado por la movilización popular.

Este es un modus operandi habitual, como ocurrió con el asesinato de Santiago Maldonado o de Facundo Castro. No hay agentes que cometieron un “exceso”, como en esta y tantas veces se busca presentar. Hubo una orden de reprimir brutalmente a los jóvenes que se encontraban en la Costanera Sur, en la vera del Río Paraná. Y este es el resultado: Lautaro, de 18 años, perdió la vida. El apartamiento aislado de estos agentes prepara la impunidad para los mandamases de la policía del gobernador Gustavo Valdés, que son los responsables del violento operativo y del encubrimiento del crimen.

Es pertinente destacar que esto se produce mientras cobra relevancia en el debate público la cuestión de la inseguridad. Todo el arco político patronal recoge esta cuestión como el argumento para avanzar hacia un mayor reforzamiento represivo, al tiempo en que se agudiza la crisis, la pobreza alcanza a cada vez más hogares y los gobiernos necesitan valerse de su fuerza de choque para amedrentar los crecientes reclamos populares. Vale señalar sobre el cinismo de responder a la escalada delictiva con el refuerzo policial que el pasado viernes 5 cayó en Corrientes una banda que ejecutaba robos millonarios y entraderas con un gran nivel de organización y planificación; y que uno de ellos era integrante de la misma policía provincial que asesinó a Lautaro.

Exigimos que no solo se aparten a estos tres afectivos desafectados por la propia Jefatura de Policía, sino que sea removida de inmediato toda la cúpula policial de Corrientes y se abran los archivos de las comisarías al control popular. El gobierno provincial de Gustavo Valdés tiene que rendir cuentas por este crimen brutal. La única forma de conseguir justicia por Lautaro y por todas las víctimas del aparato represivo del Estado es desmantelarlo por completo: seamos miles movilizando por estos reclamos.

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