12 años de la desaparición de Luciano Arruga

La familia realiza una transmisión radial desde las 15hs.

Este domingo 31 de enero se cumplen 12 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga, oriundo de Lomas del Mirador, La Matanza. Los familiares y amigos del joven realizarán una transmisión radial a las 15 hs., desde el el Espacio Luciano Arruga, ex destacamento de Lomas del Mirador, por Radio Zona Libre http://radiozonalibre.blogspot.com/ , para darle continuidad a la lucha por verdad y justicia. Por razones sanitarias, no se hace una convocatoria física.

El principal reclamo de la familia es el impulso de la causa federal que investiga su desaparición y asesinato. A 12 años, aún está en etapa de instrucción y se encuentra paralizada. También se exige que avance el jury de enjuiciamiento, pedido para los funcionarios judiciales que actuaron irregularmente en el caso. Este pedido se definirá en el próximo mes de febrero.

Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por la Policía Bonaerense. Su familia denunció inmediatamente su ausencia y el hostigamiento policial que padecía. E inició un camino de búsqueda de la verdad y enfrentamiento con diversos funcionarios gubernamentales, judiciales y policiales, que obstaculizaron la investigación.

Luego de muchas marchas, movilizaciones, actos, nuevas denuncias y hasta amenazas, en 2014 encontraron su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Según la investigación, lo habrían atropellado la misma noche de su desaparición, internado y operado en el Santojanni, donde falleció. Las circunstancias aún no son claras.

La investigación

Aunque en 2015 se llevó a cabo el juicio donde el policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por torturar al chico durante una aprehensión previa en 2008, sigue sin haber justicia por la desaparición y por la cadena de accionares irregulares y complicidades de los funcionarios en los que recayó el caso. Estos fueron acusados por la pérdida de pruebas irrecuperables en la investigación, de mantener actuando a la misma policía denunciada y de perseguir a la familia con escuchas.

Además de reclamar impulso de la causa federal que investiga su desaparición y asesinato, los familiares exigen el enjuiciamiento de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, junto con el juez Gustavo Banco, que está en la etapa de acusación.

Si bien la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense podían asumir también el rol de acusadores a las fiscales y el juez, los dos organismos públicos decidieron no hacerlo. Además, se exigió a la familia una fianza de $250.000, que la familia pidió que se deje sin efecto por la imposibilidad de pagar, además de lo inaceptable de la exigencia para un proceso como ese. Sin embargo, debió acreditar la insuficiencia económica para que, en abril de 2020, el Jurado estableciera fijar una cifra en $50.000 a cargo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En febrero de este año, el Jurado va a tener que pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación, y decidir si habrá audiencia o la causa se archiva.

Como se observa, el poder político, judicial, y policial sigue propiciando la impunidad del caso y violentando a la familia de Luciano con tales medidas.

La familia de Arruga, ante el rol del Estado, principal responsable de la desaparición y muerte del joven; y ante el posterior entorpecimiento de la investigación y encubrimiento de policías y funcionarios judiciales, tomó la decisión de empujar la causa y continuar la denuncia en soledad. Decidió sostener la acusación incluso aunque deba afrontar las costas del proceso.

Cabe destacar que la continuidad de esta lucha ha sido posible por la movilización de familiares y amigos de Luciano, apoyados en todos estos años por diversos organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, organizaciones antiburocráticas como el Suteba Matanza, entre otros. En ningún momento han dejado de acompañar este reclamo.

La represión como respuesta a la crisis

Al inicio de la cuarentena, el gobierno nacional y provincial introdujeron mayor cantidad de fuerzas de seguridad, en las calles y en los barrios, sobre todo del conurbano bonaerense, con el pretexto de hacer cumplir el aislamiento obligatorio. Durante todo el 2020, hemos visto avanzar el reforzamiento del aparato represivo en nuestro país, sobre todo en el Gran Buenos Aires.

El gobierno tiene puestas sus prioridades presupuestarias en el pago de la deuda usuraria e ilegal y en el reforzamiento del aparato de seguridad. En este sentido, Alberto Fernández ha aumentado un 30% las partidas para los servicios de inteligencia, y el gobierno provincial de Axel Kicillof sostiene a su ministro de seguridad Sergio Berni, con su política de mano dura y apoyo al accionar represivo de la descompuesta Policía Bonaerense. Otorga incrementos salariales a la policía y el servicio penitenciario que no ha dado a los trabajadores estatales, docentes y de la salud. Y cerca de fin de año presentó (junto al jefe de Gabinete, Mario Cafiero) el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires”. Este plan establece una inversión de millones en equipamiento, armas y fondos para la policía provincial.

El caso de Luciano es un caso emblemático de las víctimas del gatillo fácil. En él se ven reflejados los de muchos otros jóvenes de la clase trabajadora, que en diversos barrios del conurbano bonaerense se ven estigmatizados por su origen social. Hostigados, perseguidos, y en algunos casos, presionados para delinquir en complicidad y beneficio de la propia policía.

Por eso otro año más acompañamos la búsqueda de verdad y justicia por Luciano Arruga, y por todos los jóvenes de la clase trabajadora que sufren los embates de un sistema capitalista opresor, explotador, que los mata, persigue, estigmatiza, y les niega cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo.

A 12 años de su desaparición y muerte, nos solidarizamos con los amigos y familiares de Luciano, que vienen luchando por justicia y contra la impunidad, contra el aparato descompuesto de la Policía Bonaerense y todos los gobiernos de turno.

¡Basta de gatillo fácil! ¡Desmantelamiento del aparato represivo! ¡Fuera la policía de nuestros barrios!