En un reciente fallo, los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia Cushamen, Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Matías Santana y Andrea Jazmín Millañanco, fueron absueltos por los delitos de usurpación de tierras, abigeato agravado y tenencia de arma de fuego de uso condicional, de lo que habían sido acusados por el gobierno provincial de Chubut y el empresario terrateniente Luciano Benetton.

La causa, que contenía tres denuncias (una de marzo de 2015 y dos de mayo de 2016) se había convertido en uno de los elementos fundamentales que sostenían la campaña de criminalización del reclamo por la tierra y de la persecución política y judicial a la comunidad mapuche, impulsada por el gobierno desde prácticamente su asunción y desarrollada profundamente frente a los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en agosto y noviembre del año 2017. Ya en diciembre de 2016, en un informe del Ministerio de Seguridad, el Gobierno sostenía que el grupo RAM, supuestamente liderado por Facundo Jones Huala, ponía en peligro los intereses petroleros en la región. Sobre esa línea se sostuvo una avanzada represiva en la Patagonia. En este sentido, el fallo de la jueza Estefanía desmiente una operación política con la que el Gobierno buscó justificar su accionar criminal.

El fallo pone de manifiesto el accionar abusivo de la policía chubutense, revela espionaje ilegal para proveer de material a la policía de la zona –de la que estaba al tanto la fiscal Silvina Avila, pieza fundamental en la operación judicial contra los mapuches en el caso Maldonado- y otras grandes irregularidades en la causa. La sentencia da cuenta de violencia policial contra los detenidos –que solicita que se investigue-, imputaciones policiales que carecían de pruebas –como la existencia de carteles en el territorio de Pu Lof Cushamen que decían la sigla RAM-, tortura para obtener declaraciones contra Facundo Jones Huala y violación de pasos judiciales, formas y normas legales.

Durante el juicio, varios policías declararon que actuaban bajo presiones de “La Compañía” Benetton y que, por ejemplo, incurrieron en acciones ilegales para detener a Facundo Jones Huala, quien fue extraditado a Chile. Además, aparece involucrado Hernán Alonso, miembro de la Sociedad Rural y actual ministro de producción de Chubut, a quien se señala por ejercer presiones sobre la justicia para que avanzara sobre la comunidad mapuche.

En el fallo se pide que se investigue a los ex jefes de la policía de la provincia del Chubut y de la Unidad Regional. Asimismo, se pide que se investigue al juez Guido Otranto y la fiscal Rafaella Riccono, que intervinieron en la causa a pesar de ser pareja y al fiscal Oscar Oro, que “fue errático al formular las imputaciones y a pesar de las advertencias del Juez, se mantuvo en su postura, apoyando su decisión en conceptos jurídicos inexistentes” y pide que se lo investigue por posible incumplimiento en sus deberes. Oro impulsó múltiples acusaciones contra los miembros de Pu Lof entre 2005 y 2016.

El fallo cuestiona los “estereotipos” contra las comunidades originarias y llama a la conformación de una mesa de diálogo a cargo del Poder Ejecutivo Provincial.

Casi en simultáneo, se derrumbó otra de las operaciones del gobierno. Quedó comprobado que Fausto Jones Huala no utilizó armas de fuego durante la represión de Villa Mascardi en la que perdió la vida Rafael Nahuel, lo que hunde el relato de Bullrich de un enfrentamiento armado entre Prefectura y los mapuches. Queda más claro que el referente mapuche fue fusilado por las fuerzas de seguridad en el curso de una represión con más de 300 disparos y el uso de subfusiles.

Lo que estos hechos muestran es que el gobierno no sólo promueve una política de criminalización de los mapuches al servicio de los Benetton y Lewis, sino que recurre a los métodos más podridos para pavimentar campañas de encubrimiento. El accionar mancomunado y conspirativo del poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad, para asegurar los intereses de Benetton y perseguir a los luchadores, ilustra la naturaleza de clase del Estado.

Este 24 de marzo, llenemos Plaza de Mayo contra la política represiva de Macri y Bullrich.