A seis días de la detención arbitraria a Rafael Crispín, el pasado jueves 4, crece el plan de lucha organizado por el Polo Obrero y el Partido Obrero para reclamar la libertad inmediata del compañero, injustamente detenido y con una causa armada por la policía bonaerense de Berni, Kicillof y el intendente Fernando Espinoza (La Matanza). Durante la jornada, miles de compañeros protagonizaron seis cortes y un sector de los vecinos del barrio de Rafael sumó un corte más en Isidro Casanova.

El corte del Puente Pueyrredón y el de General Paz en La Matanza fueron contundentes, reuniendo una cantidad descomunal de compañeros y activistas, pero en conjunto, con los cortes en Puente Saavedra, La Noria, Acceso Oeste y Autopista La Plata, se impuso un piquetazo para darle continuidad a este reclamo popular que se va profundizando. Las repercusiones en los medios dieron cuenta de ello: el pedido por libertad no pasó desapercibido, como tampoco el impresionante despliegue y movilización que realizó el Polo Obrero desde diferentes barriadas.

La Justicia, nunca del lado de los trabajadores

Es llamativa la inmediatez del sistema judicial para acelerar el proceso legal que intenta encarcelar a un trabajador desocupado que lucha por su derecho a la vivienda. Jueces y fiscales buscan ensañarse y criminalizar a un luchador popular, mientras –de la mano del poder político- garantizan la impunidad a los empresarios y poderosos que son los reales usurpadores del territorio argentino y de nuestros recursos naturales.

Las facilidades y recompensas a empresarios para negociados inmobiliarios y de explotación del suelo están a la orden del día, mientras miles de terrenos ociosos del país, que podrían planificarse en un Banco de Tierras o para garantizar planes de vivienda y terminar con la crisis habitacional, se destinan para sostener la especulación inmobiliaria.

Toma de tierras, las secuelas de la crisis

En el último año -pandemia mediante- el problema de la vivienda se agudizó, porque la crisis social incorporó dos millones de nuevos pobres, que no pudieron volver al mercado laboral, y la inflación escaló a pasos agigantados. El sostenimiento de un alquiler (una pieza de 3×4 puede costar desde 7 mil a 10 mil pesos) resulta insoportable para los magros ingresos de las familias obreras, que no superan los 20 mil de un salario mínimo, vital y móvil.

En La Matanza, las tomas de tierra en curso, fueron la única salida que encontraron miles de familias para no terminar abajo de un puente con sus hijos. Así se han armado la mayoría de los barrios en el Conurbano bonaerense, por eso las personas no tienen -muchas veces- título de propiedad. De esta manera son conformadas las barriadas obreras de los lugares más pobres de la Argentina.

Rafael es uno más de estos casos, un trabajador padre de tres niños que junto a su compañera Gabriela migraron muy jóvenes hacía la Argentina en busca de un futuro mejor. Tuvieron que dejar de pagar el alquiler y organizarse en la toma del asentamiento “La Nueva Unión”, un predio de 68 hectáreas abandonado hace muchos años y basural a cielo abierto, donde antes de que sea ocupado era territorio de narcos y desarmaderos, hasta se hallaron cuerpos de personas asesinadas por las mafias que operan de la mano del narcotráfico.

La maldita bonaerense y el ajuste del gobierno

El día jueves 4 de febrero, Rafael portaba una herramienta de trabajo, la cual utilizaba para el desmalezamiento de su terreno y preparar leña para cocinar, jamás utilizó su herramienta para agredir ni siquiera para defenderse de la detención policial. La policía lo detiene por el hecho de estar filmando cuando la empresa Edenor derrumbaba los palos de luz y cables del tendido eléctrico que los propios vecinos había comprado e instalado para poder acceder a un servicio tan elemental como la luz.

En los vídeos, donde se ve el momento en el que reducen a Rafael, se puede observar la desmedida fuerza que utilizan para esposarlo, al punto de no dejarlo respirar. No conforme con la detención de vecinos en el predio, también detuvieron a otro militante social en la comisaría, ese mismo día cuando se movilizaron a reclamar la liberación, donde se sufrió nuevamente la provocación policial con balazos de goma y amedrentamiento.

La detención de Rafael no es un hecho aislado, estamos frente al ataque en regla. Como en Guernica, es una señal política de que los intendentes, gobernadores y el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a fondo con el ajuste. Y para garantizarlo cuentan con las fuerzas policiales actuando en contra de los derechos más elementales como poder tener un techo y un plato de comida.

Llamamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a pronunciarse por la libertad a Crispín y fortalecer la lucha por su liberación.

Basta de represión y desalojos. Abajo la causa armada por la bonaerense. Libertad a Rafael Crispín.

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