Entre el 6 y 7 de diciembre se realizó el I Encuentro Nacional Contra la Impunidad y la Represión, convocado por los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Participaron más de 200 representantes de organismos de derechos humanos y casos de impunidad de todo el país. La comisión organizadora estuvo compuesta por Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Apel, Ceprodh, Liberpueblo, el Colectivo Memoria Militante, Cadep y Apemia, entre otros. En el encuentro, además, estuvieron presentes la Correpi, Hijos La Plata, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Gremial de Abogados, Vanesa Orieta y los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, familiares de Cromañón, víctimas de las inundaciones de La Plata y Santa Fe, y muchos más. La actividad reunió durante dos días de discusión a prácticamente todo el arco de organizaciones de derechos humanos independientes del Estado. También participaron las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle. Un momento importante y emotivo del encuentro fue la foto colectiva que se tomaron los participantes junto a una delegación de la Asamblea de Mexicanos en Argentina por los 43 normalistas desaparecidos. “Ahora resulta indispensable la aparición con vida y el castigo a los culpables” resonó fuerte en las aulas de la Facultad de Sociales, donde se desarrolló la actividad.

Se conformaron tres comisiones, que abordaron respectivamente las temáticas de la impunidad de hoy y el “gatillo fácil”, la criminalización de la protesta y la lucha por el castigo a los genocidas de la dictadura. El encuentro adoptó resoluciones generales por consenso. Fundamentalmente, definió una posición de fondo de independencia frente al Estado y los gobiernos, y el rechazo a todo tipo de cooptación. También se resolvieron campañas y movilizaciones, como acompañar la convocatoria de familiares para el 10 de diciembre y movilizar el 30 por los diez años de Cromañón; impulsar una campaña contra el “gatillo fácil” y el reforzamiento represivo, así como preparar un gran 24 de Marzo combativo e independiente en todo el país. Está previsto realizar un segundo encuentro para mediados del año que viene.

En las comisiones se volcaron decenas y decenas de denuncias. Todas subrayaron el papel central del Estado y el aparato represivo por su acción y encubrimiento. Como contracara de la campaña derechista -que el progresismo repite como loro-, que asocia pobreza con inseguridad, hubo una definición tajante en señalar la descomposición del aparato represivo como el principal articulador del delito organizado. Las denuncias abarcaron a todos los gobiernos, desde la Nación hasta las provincias y municipios, y de todo signo político. Con todo, se destacaron las denuncias contra las bandas de narcotraficantes y la integración de la policía. En particular en la Santa Fe de los “socialistas” y en las barriadas bonaerenses. También se denunció el reforzamiento represivo que significa la entronización del tándem Berni-Milani y la reforma del Código Procesal Penal, que otorga renovados poderes a policías y fiscales, sentando las bases de un estado de excepción permanente contra la población en el marco de la bancarrota capitalista. Es la contracara de los acuerdos con los buitres y Chevron.

Este encuentro -que puede considerarse un paso adelante-, sin embargo, no pudo avanzar en la salida de una declaración debido a la resistencia de una parte de la comisión organizadora. Esto hubiera permitido desarrollar más a fondo una delimitación política frente a los partidos del régimen y su Estado, y delinear un programa.

Desde 1983 a esta parte, todos los gobiernos practicaron la cooptación y la colaboración de las víctimas con el Estado. Los K no inventaron nada, pero serán recordados por llevar a fondo esta política, destruyendo organizaciones históricas del movimiento democrático. El arco de organizaciones que participaron recoge esa experiencia de un modo general.

Desde Apel, redoblaremos el empeño por desarrollar un gran movimiento nacional de lucha contra la impunidad y la represión, reagrupando a familiares y militantes en base a un programa y una construcción política.