CONGRESO

El martes 16 se llevó a cabo en el Congreso Nacional la audiencia pública convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con motivo del octavo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López.

Participaron las Madres de Plaza de Mayo Elia Espen, Mirta Baravalle y Nora Cortiñas, numerosos organismos de derechos humanos, y movimientos de lucha. Entre otros, estuvieron presentes la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, Apel, Correpi, Ceprodh, Gremial de Abogados; familiares como Vanina Kosteki y dirigentes de la CTA Santa Cruz, que reclaman la libertad de cinco presos políticos de ATE Río Gallegos.

Las Madres de Plaza de Mayo presentes y los organismos de derechos humanos abrieron la audiencia denunciando el silencio oficial en torno a López y la completa parálisis de la investigación.

A su turno, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Pablo López, expuso los lineamentos de un proyecto de declaración que plantea el repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio estatales que rodearon la segunda desaparición de Jorge Julio López; la exigencia de apertura de todos los archivos que existiesen sobre el caso López; y denuncia, además, la causa penal que se sigue contra el tribunal que juzgó el represor Miguel Etchecolatz y contra las abogadas que representaron a López. El diputado del Frente de Izquierda señaló que ninguna investigación se orientó hacia la Policía Bonaerense, heredera estructural de los Etchecolatz. El proyecto de declaración es acompañado además por los diputados Néstor Pitrola, Nicolás Del Caño, Margarita Stolbizer y Jorge Valinotto.

“El gobierno mantiene una política represiva con el Proyecto X, la sanción de la ley antiterrorista, y la pretensión de establecer una ley contra las manifestaciones populares. Con una presidenta que ha reivindicado la condena a los petroleros de Las Heras y que se apoya en Gerardo Martínez, miembro del Batallón 601, como en una representación sindical que llama a ‘cazar a los zurdos' dentro de los lugares de trabajo, coincidiendo con el accionar de José Pedraza, asesino de Mariano Ferreyra”, señaló el diputado nacional por Salta.

Por su parte, Liliana Alaniz, abogada querellante en el juicio de la megacausa Esma y miembro de Apel, resaltó que “la impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan con la vigencia del aparato represivo de la dictadura. La impunidad es el precio que el poder político tributa para contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores enfrentan el ajuste, los despidos y las suspensiones, como ocurrió en Lear”.

La audiencia culminó con el llamado a participar de la movilización a Plaza de Mayo convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para el jueves 18, al cumplirse el octavo aniversario de la desaparición de Julio López.

Corresponsal