Este martes se realizó la charla debate “Narcotráfico, complicidad estatal y represión”, en el marco de la Comisión contra la Violencia Institucional que preside Gabriel Solano. En ella expusieron Gabriel Solano y Vanina Biasi por el Partido Obrero, María del Carmen Verdú de Correpi, Nacho Levy de La Garganta Poderosa, Elizabeth Quintero y Pablo Bres del Serpaj.

La problemática narco está instalada en el país hace décadas. Las organizaciones que tienen un desarrollo en las villas y barrios populares vienen denunciando hace años el drama que viven los vecinos, que son víctimas de enfrentamientos entre bandas, la cooptación de jóvenes para el narcomenudeo, la descomposición personal y social que trae el consumo problemático, y la consecuente pérdida de estructuración social y solidaridad de clase entre vecinos. A su vez, estas denuncias han sido acompañadas por poner de manifiesto la complicidad que existe entre los narcotraficantes y distintos actores del Estado: fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, funcionarios políticos.

En el debate se pusieron de manifiesto distintos puntos de vista sobre cómo encarar el problema. Vanina Biasi introdujo la charla planteando que los hechos de Rosario de las últimas semanas pusieron en agenda política nacional un padecer que vive cotidianamente gran parte de la población, y que solo se toma en cuenta cuando desborda al propio control del Estado y se transforma en una problemática electoral. Allí aparecen las soluciones fáciles y de reforzamiento represivo, como la votada ayer en la Cámara de Diputados (la creación de juzgados federales en Santa Fe).

María del Carmen Verdú graficó con distintos ejemplos cómo recurrentemente aparecen casos de policías o agentes de otras fuerzas represivas vinculados al narcotráfico, y que cuando uno va a fondo con los nexos entre esos casos llega a la conclusión que no se trata de un policía suelto sino que es toda la institución. También que la corrupción en distintos niveles es intrínseca del Estado capitalista, no solo como una forma de negociado en beneficio personal, sino como una vía de reforzar su control social sobre la población y demostrar quién manda.

Elizabeth Quintero y Pablo Bres del Serpaj destacaron cómo el problema del narcotráfico no es un tema aislado en Argentina, sino que forma parte de un entramado a nivel continental. Este entramado está constituido desde EEUU y a través de la DEA, la supuesta agencia anti drogas. Explicaron que en México el Estado persigue a determinados carteles y a otros no, y que se le ha dado a las fuerzas armadas cierto control de las obras públicas, lo que favorece la logística del narcotráfico. En Colombia, es la propia DEA quien patrulla las calles y favorece el surgimiento y reforzamiento de paramilitares. Son también paramilitares quienes desde Brasil van copando campos en Paraguay, enfrentándose a los campesinos. El propósito de fondo de esta política es romper el tejido social y destruir las organizaciones populares para poder ejercer un mayor control sobre el pueblo. Por eso, como conclusión, llamaron a fortalecer las organizaciones de base.

Nacho Levy comenzó su intervención reivindicando la resistencia de los pueblos de Latinoamérica frente al avance narco. Defendió que las organizaciones tengan una línea propositiva, ya que no alcanza meramente con denunciar la represión sino plantear una salida. Desenvolvió cómo el avance de la crisis y de los ajustes de los gobiernos son el caldo de cultivo para que el narcotráfico haga “metástasis” en los barrios y afecte al almacenero, que tiene que pagar una coima y, como consecuencia de ello, recurre a la venta de droga para poder afrontarlo. También a que al control de la obra pública por parte de puntero ahora se le sume un vuelto más ligado a la seguridad de esa obra y sus materiales, y se refirió a cómo la cooptación para este narcomenudeo se da también gracias a el ajuste y la crisis. Esta metástasis es favorecida también por la estigmatización que sufren las organizaciones sociales, por ejemplo ante la recurrente condena a los piquetes que se realiza desde los medios.

Rechazó cualquier salida punitivista, pero también planteó que no se podía hacer la vista gorda ante las zonas liberadas. En función de ello, plantea una seguridad democrática y con control popular de las fuerzas de seguridad, pero también fortaleciendo a las organizaciones sociales y promoviendo el frente único de las mismas para luchar por objetivos comunes ya que, sino, se corre el peligro de perder la capacidad de actuar o denunciar al interior de los barrios. A ello lo acompaña con la necesidad de despenalizar y regular para quitarle el negocio a la policía, evitar la criminalización y el colapso carcelario, y transferir a salud los recursos de seguridad, ya que no hay lugares de rehabilitación o cuidado a donde recurrir.

Para cerrar, Gabriel Solano planteó que es un tema que la izquierda debe tomar porque lesiona los lazos sociales elementales entre trabajadores y vecinos, y produce una descomposición individual y social que solo favorece al poder político y económico. Incluso, el avance del narcotráfico afecta el desarrollo de una organización popular en los barrios, que es la que puede hacer un contrapeso al copamiento narco. Desarrolló la idea de que a la izquierda siempre le costó abordar el problema porque se caía en un impasse objetivo, es decir, como la salida sencilla es exigir una mayor presencia policial y la izquierda rechaza cualquier reforzamiento represivo, se caía en la situación de no plantear nada. Incluso algunos sectores de la izquierda rechazan plantear la denuncia de las zonas liberadas porque equivaldría a pedir que la policía actúe. Sin embargo, por un lado este planteo favorece al copamiento narco de los barrios y, por el otro, el impasse le despeja el terreno a la derecha a que sí plantee respuestas represivas y salidas que no son salidas, como la creación de juzgados federales en Santa Fe, que solo la izquierda no acompañó.

Por lo tanto es un problema social que debe ser abordado de conjunto, porque cuando el gobierno recorta 100.000 Potenciar Trabajo está sirviendo en bandeja a muchos beneficiarios o sus hijos para que sean reclutados como soldaditos narco. El ajuste también favorece a la no asistencia a quienes tienen un consumo problemático, ya que las clínicas privadas tienen tarifas de centenares de miles de pesos y la asistencia estatal es prácticamente inexistente. Por otra parte, el tema de la inseguridad en los barrios va ligada a la falta de urbanización de los mismos, por eso siempre es pertinente no solo el reclamo de la urbanización real, sino acompañarlo de reclamos de apertura de calles, iluminación, mejoras en la vivienda y transporte público, entre otros.

Es fundamental abordar toda la problemática porque afecta la militancia nuestra en los barrios debido a la ruptura de lazos sociales entre vecinos y al terror que genera el narcotráfico. Este debilitamiento de la militancia es en beneficio del poder político y el poder económico, ya que el entramado narco recorre a todo el poder político desde la cabeza. Por lo tanto planteó reforzar la organización en los barrios, fomentar el frente único de organizaciones, tomar todos los ejes programáticos que hacen a la realidad de los barrios y propuso que estos debates se repitan para que sea un punto de apoyo a las luchas.

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