El lunes tres de febrero tras el receso de feria se reinició el juicio que se sigue contra el actor y militante del PO, Cesar Arakaki y el militante del PSTU Daniel Ruiz, quienes fueron parte de una manifestación de 300.000 personas, que coparon todas las zona del Congreso el 18 de diciembre del 2017, en oportunidad de que el gobierno de Cambiemos sancionó la ley de que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, birlándoles a los haberes jubilatorios 100.000 millones de pesos solo en el año 2018. 

El juicio se realizará todos los lunes, lo que, dada la cantidad de testigos, llevará más de seis meses de duración.

La movilización fue un claro mensaje a los legisladores que no querían que aprobaran la ley de reforma previsional.

El gobierno forzó, mediante la represión policial y la voluntad de cercenar la movilización, el estallido de la violencia: primero el 14 de diciembre cuando incluso tras una feroz represión no pudo aprobar la ley, luego el 18 de diciembre cuando se transformó una manifestación pacífica en una resistencia a piedrazos contra el intento de finalizar la expresión de la multitudinaria movilización.

Con la ley aprobada, el gobierno de Cambiemos contó con un operativo de prensa que terminó pidiendo la cabeza principalmente de militantes políticos que habían participado de la movilización. Para ello demonizaron una acción, que en los hechos no generó  ni daños ni lesiones concretas, la de Sebastián Romero al tirar con una caña un petardo de venta libre. Ante la imposibilidad de su detención, al no presentarse este ante la justicia, las acusaciones se centraron en dos militantes del Partido Obrero, acusados principalmente de las graves lesiones de un agente policial de apellido Escobar, que recibió un piedrazo en su cabeza.

En la jornada del lunes, quedó claro, mediante la exposición de una filmación solicitada por las abogadas defensoras de APEL (Claudia Ferrero y Liliana Alaniz) no solamente que César Arakaki fue totalmente ajeno a las lesiones de Escobar, sino también que desde el minuto uno la fiscalía y el Juzgado de Torres contó con la filmación que así lo acreditaba. El fiscal Juan Patricio García Elorrio fue incansable en su empeño de inventar lesiones que no figuran en la historia clínica de Escobar para atribuírselas a Arakaki  cosa no logró acreditar ante la sinceridad del agente policial al hacer referencia a sus heridas.

A pesar de ello descreemos que la fiscalía abandone su interés en seguir con esta acusación, no se nos escapa que la finalidad de este juicio no es la culpabilidad de Arakaki o de Ruiz, fruto de su accionar, sino un castigo ejemplar y aleccionador ante futuras movilizaciones populares.

La absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz solo será posible con la profundización de una fuerte campaña.