Por estos días comenzaron a llegar las notificaciones de las imputaciones que decidió el fiscal De Aragón contra de dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera del día 12 de abril pasado. Se trata de un nuevo episodio de la escalada represiva y persecutoria que viene estableciendo el gobierno de Juan Schiaretti, para suprimir la protesta social en la provincia. No hay “Justicia independiente”, el fiscal actúa por cuenta y orden del gobierno de Córdoba.

Esta escalada abiertamente represiva ha sido condensada en un fallo inconstitucional, ilegal y arbitrario que emitió el Juez Fernández López. Ese fallo infame y fascistizante ha sido elaborado con el apoyo y la participación de los gobiernos provincial y municipal y de la Policía. Hay que decir que el gobierno de Córdoba no ha recurrido la resolución, por el contrario, sus funcionarios salieron a defenderla públicamente. Así las cosas, tenemos que decir que Schiaretti y Llaryora impulsaron el proceso y ahora abrazan la sentencia represiva.

En esa resolución se pretende justificar la prohibición de toda protesta social, la promoción de la represión estatal o paraestatal y la persecución contra quienes se movilizan. Para demonizar las movilizaciones, Fernández López dice que constituyen “tiranías” equiparables a la dictadura de Videla, como así también endilga a la manifestación el carácter de asociación ilícita, y afirma que cualquier manifestación configura toda clase de delitos. El Juez llega al extremo absurdo de expresar que madres y padres de familia que participan de la movilización utilizan a sus hijos como “escudo” contra las fuerzas represivas. El derrape es total.

El Juez promueve la más cruel de las represiones estatales, porque afirma en el fallo que la Policía se encuentra legalmente autorizada “a llevar adelante todo tipo de tareas” para impedir y/o suprimir las movilizaciones. Cuando se refiere a “todo tipo de tareas”, el Juez pretende extender un cheque en blanco en materia represiva.

Ese accionar nefasto de la Policía quedó al descubierto en el juicio por el asesinato de Blas Correas, en el cual fueron condenados a prisión doce comisarios y agentes policiales y se indicó la investigación de la actual jefa de la policía provincial y del exministro de seguridad, Alfonso Mosquera. El Juez busca blindar de impunidad a las fuerzas policiales y habla de restituir confianza al aparato policial ¿Qué significa el “absoluto apoyo institucional a la intervención activa”? El mensaje es simple: procedan con la represión que hay impunidad.

Pero el Juez no se queda solo en la represión estatal, sino que convalida la tercerización de la represión. Menciona la agresión criminal de la barrabrava de un club de futbol cordobés contra un piquete en Tacuarendi, pero nunca la condena. Por el contrario, trata de encubrirla y justificarla afirmando que hay una “espiralización de la violencia entre ciudadanos”.

La sentencia a parte de fascistizante y represiva, tiene un alto grado de cinismo. Resulta que se hace lugar a un “Habeas Corpus” presentado por un pequeño grupo de comerciantes. El instituto de habeas corpus es un procedimiento que tiende a proteger la libertad física de los individuos; principalmente contra la actuación arbitraria o dictatorial de un Estado. Para proceder de esa forma irrazonable no le ha quedado más remedio que darle carácter de “Estado” o de “gobierno” a la manifestación social, y, por el contrario, poner al Estado y a la policía como “víctimas” de la manifestación.

La represión de las manifestaciones, la infiltración de provocadores en las columnas de las organizaciones que se movilizan, el encarcelamiento de referentes, la judicialización de la protesta social, las maniobras de funcionarios judiciales para desconocer derechos constitucionales, la estigmatización y discriminación promovida desde los grandes medios de comunicación adictos al poder político son los métodos con los cuales el Estado y los gobiernos regimentan al pueblo trabajador. Se trata de un accionar sistemático. La preparación, planificación y ejecución coordinada de esa represión presenta a un Estado de clase que se ensaña contra los que alzan la voz ante tanta injusticia, ante tanta degradación social de un sistema corroído por la pobreza, la desocupación, la inflación y la propia corrupción de los mismos funcionarios que promueven la represión.

Desde el Partido Obrero-Frente de Izquierda denunciamos este accionar ante el mismo gobierno y lo llevaremos hasta el final. Todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas y DDHH debemos repudiar fuertemente toda esta política y preparar una gran respuesta popular, para derrotar la escalada facistoide que los gobiernos aplican al servicio del ajuste del FMI.