Bajo el gobierno macrista, los juicios de lesa humanidad siguen teniendo un desarrollo a cuentagotas y un carácter fragmentario y limitado, como ha sido su signo desde el comienzo de los mismos en 2006.



Del informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se desprende que la enorme mayoría de las causas judiciales actualmente abiertas (592) se encuentran demoradas y/o estancadas en alguna instancia del proceso: solamente existen 15 que se hallan en pleno juicio, y seis más que cuentan con fecha de inicio para el debate oral. El panorama se agrava por el lentísimo decurso de los juicios propiamente dichos, que se extienden en promedio por 5 años y medio.



Así las cosas, seguirá creciendo el número de represores que mueren en la impunidad.



De conjunto, en los cerca de 12 años de juicios solo fueron dictadas 203 sentencias (de las cuales solo 50 se encuentran firmes). La mayor cantidad de ellas recaen sobre los mismos genocidas –por ejemplo, el fallecido Benjamín Menéndez fue condenado 17 veces. El principal motivo para ello es que los juicios se desarrollan fragmentados, es decir, incompletos: o faltan casos de compañeros, o faltan genocidas para ser juzgados.



Del numeroso universo de partícipes de la represión de la dictadura, un número ínfimo –tan solo 856 cuenta con condena. De los mismos, el 50% cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria, en su gran mayoría otorgadas durante el kirchnerismo.



El gobierno macrista está afanado en su campaña por la impunidad de los genocidas, que recibiera un profundo golpe con el rechazo de un millón de personas en las calles al otorgamiento del 2x1 a los represores por parte de la Corte Suprema, obligando a dar marcha atrás con la inmundicia. 



En esa línea ha solicitado la liberación de un centenar de represores presos -entre ellos Alfredo Astiz y el Tigre Acosta-, para aceitar la reinstalación de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna –una cruzada gubernamental de años, desde la colocación K del César Milani en el Ejército a la reciente “task force” armada por Patricia Bullrich en Misiones, con agentes federales y locales a las órdenes y bajo el control del imperialismo yanqui.



Macri se apoya en una larga política de Estado: la impunidad garantizada a los milicos desde el ´83 a esta parte por todos los gobiernos constitucionales, que mantuvieron en pie el aparato represivo de la dictadura para enfrentar la lucha obrera y popular.