El presidente Alberto Fernández junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciaron un Plan de Infraestructura Penitenciaria, mediante el cual de aquí a 8 meses se generarían dos mil plazas nuevas, lo que suena irrisorio frente a una sobrepoblación carcelaria de más del 100% en el sistema bonaerense. El anuncio se da en medio de una crisis penitenciaria, agudizada por la pandemia y en la misma semana en que se conoció la noticia del traslado de detenidos, entre ellos enfermos, de Ezeiza a la cárcel de Rawson por lo que ya habría 9 enfermos de Covid en esa unidad federal.

Nunca está de más aclarar que el problema del hacinamiento no se soluciona con la construcción de más cárceles y el aumento de plazas en los servicios ya existentes no necesariamente implica disminuir el hacinamiento. Con detenidos durmiendo literalmente en el suelo el reparto de catres y colchones puede considerarse, como suele hacerse, aumento de plazas.

Si algo dejó en claro la pandemia es que a los presos los mantienen sus familiares con los alimentos y elementos de higiene que les llevan durante las visitas (cabe recordar que muchas de las protestas que se dieron al inicio de la pandemia tenían que ver con la casi nula provisión de lavandina y jabón a los pabellones). Esto llevó a que luego de que se cortaran las visitas se tuviera que permitir el ingreso de elementos básicos acercados por la familia e ingresados por el servicio penitenciario.

El sistema de salud dentro de las cárceles, históricamente vaciado, no está ni cerca de poder atender las afecciones mínimas, por lo que los 15 hospitales modulares que se construirían en el marco del plan de infraestructura, no despiertan demasiadas expectativas respecto de la provisión de insumos, designación de personal, etc.

Lo más destacable de los anuncios está relacionado con la lavada de manos de ambos mandatarios respecto de la situación carcelaria actual, haciendo aparecer que nada tendría que ver el Frente de Todos con la superpoblación carcelaria y todo sería absoluta responsabilidad del poder judicial y la gestión anterior.

Si tuviésemos que rastrear la gota que rebalsó el vaso en las cárceles, podemos hallarla en la reforma de la ley de ejecución de la pena 24.660, aprobada a mediados de 2017, que limitó salidas transitorias, laborales, asistidas y contó con el apoyo de casi todos los bloques (a excepción del Frente de Izquierda). Kicillof, por ejemplo, se ausentó en ese debate cuando era diputado, permítasenos entonces dudar de “la sensibilidad de Axel frente a este problema” como dijo el presidente.

El otro elemento a marcar en el discurso del presidente, quien conoce sobradamente de la materia, es la pretensión de que mejorando la educación y la formación de las personas detenidas no volverían a cometer delitos. Si bien es cierto que quienes, por ejemplo, cursaron estudios superiores estando detenidos tienen un nivel de reincidencia casi nulo, esto no se puede generalizar y además busca responsabilizar únicamente al individuo respecto de lo que sucede una vez obtenida la libertad.

La educación y la salud son derechos de las personas privadas y no privadas de la libertad, el Estado debe garantizarlos así como también brindar las posibilidades materiales para que las personas “puedan encontrar un futuro”, pero eso no depende de la sociedad, acusada por el mismo presidente de “abandonar el problema carcelario”, sino de que el Estado genere las condiciones para que las personas no sean llevadas a delinquir nuevamente ante la falta absoluta de posibilidades.

Quienes guardaban algún tipo de expectativa respecto del gobierno actual en materia penitenciaria y de seguridad, ya tienen sobradas muestras de que no hay grieta en relación a la mano dura y la prisionización. Ante la presión mediática y “social” se terminan adoptando recetas que se sabe, lejos están de obtener los resultados esperados. Construir más cárceles no puede ser una solución, es más bien la confesión de que se seguirán agudizando las condiciones de miseria y descomposición social.