Ha llegado el momento de la sentencia de la justicia después de más de dos años de juicio oral y público a estos dos luchadores. Luego de que la fiscalía a cargo de Juan García Elorrio en su alegato solicitara penas de prisión efectiva para los compañeros -sosteniendo todas las absurdas imputaciones-, los alegatos de las defensas demostraron con lujo de detalles la inocencia de ambos luchadores. En particular, las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferrero, de la defensa de César Arakaki, no solo demostraron que César debe ser absuelto en términos técnicos, sino que demostraron cómo esta causa es un intento de regimentación al conjunto de las luchas que se desplegaron y se despliegan a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

Sucede que César y Daniel fueron parte de las movilizaciones del 18 de diciembre de 2017 que enfrentaron la reforma jubilatoria del macrismo. El precedente inmediato había sido la movilización del 14 de diciembre donde el gobierno y el aparato represivo desencadenaron una brutal represión y una verdadera cacería a los manifestantes. El 14, el gobierno demostraba que sería capaz de utilizar todos los recursos para imponer la reforma jubilatoria y la reforma laboral que ya había anunciado como un paquete de “reformismo permanente” al servicio de los intereses de la clase capitalista.

Llegado el tratamiento de la Ley, cuatro días después, en lugar de haberse sentido amedrentados por la represión, los trabajadores y jóvenes se multiplicaron en el repudio a la política de saqueo y ajuste del macrismo, encontrando nuevamente un Congreso vallado a varias cuadras a la redonda y un operativo policial dispuesto para avanzar en la represión contra los manifestantes. Así las cosas, el parlamento avanzó con una ley de ataque a los jubilados y la policía avanzó contra la movilización que repudiaba el saqueo.

En este cuadro, las acusaciones contra César y Daniel solo se entienden como un intento de sentar las bases para dar un salto en la criminalización de la protesta social. Los ataques actuales a las condiciones de vida de los trabajadores y la situación que se avecina, donde el gobierno se dispone a sellar un acuerdo de brutal ajuste con el FMI, son el marco donde los que gobiernan y sus antecesores pretenden echar mano del poder judicial para avanzar sobre los trabajadores.

En este sentido se pronunciaron las abogadas defensoras de César. Tanto la acusación de intimidación pública -que según la fiscalía se trataría contra los propios manifestantes por parte de César y Daniel-, como las lesiones y el atentado a la autoridad, son acusaciones completamente falsas y utilizadas para invertir “la carga de la prueba”. Quienes deberían estar en el banquillo de los acusados son los miembros del gobierno que impulsaron reformas contra los jubilados y trabajadores y quienes dirigieron los operativos represivos del 14 y 18 de diciembre de 2017.

Este lunes también serán las palabras finales de César y Daniel. Vamos a Comodoro Py para levantar una tribuna contra todo intento de condenar a César y Daniel, en defensa de la libertad de manifestación y de lucha de todos los trabajadores. Exigimos la absolución de Arakaki y Ruiz. Exigimos el cese de la persecución a todos los luchadores.

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