El discurso televisivo de Cavallo el pasado viernes 4 fue una muestra harto elocuente de la situación apenas disimulada de bancarrota del actual plan económico. El ministro fue a la pantalla chica simplemente para decirle a la población que la famosa “convertibilidad’’ se iba a pique si el Estado se veía obligado a financiar la educación, la salud y la previsión social o para aumentar los salarios. Apenas dos días después, un gráfico publicado en La Nación, mostraba que los sueldos de los empleados del Estado habían caído el record histórico y mundial del 70% con relación a 1986. Para Cavallo la viabilidad de la ‘‘convertibilidad” depende de que el Estado destine la recaudación impositiva al pago de los sueldos de los integrantes del gabinete y. naturalmente, a los intereses de la deuda de la usura bancaria internacional.

Solo un cuadro tan agudo de crisis puede explicar que el gobierno haya destinado el ciento por ciento de los ingresos por privatizaciones a financiar el déficit fiscal, violando con ello las disposiciones legales que destinaban ese dinero a la educación y a las cajas de jubilaciones. El plan Cavallo no ha reconvertido el patrimonio del Estado hacia funciones de mayor productividad, simplemente lo ha dilapidado en beneficio de los tenedores de títulos de la deuda externa.

Esta misma crisis del plan explica que el gobierno esté violando las disposiciones de la ley de convertibilidad de distintas maneras. El Banco Central, por ejemplo, está emitiendo australes a cambio de Bonos en proporciones superiores a las autorizadas. Al mismo tiempo está permitiendo que los bancos giren dinero por encima de las normas legales, lo cual constituye una emisión encubierta. De la misma manera, el Banco Nación está financiando el déficit fiscal mediante la venta de dólares. En este aspecto, el Nación está incurriendo en un grave déficit propio al haber comenzado a vender, para financiar al Tesoro, los dólares depositados por el público en sus cuentas.

Esta bancarrota sin atenuantes explica que el ministro no vacile en perpetrar cualquier aventura económica para mantener el plan en pie. El traspaso de escuelas a las provincias es una receta segura para su destrucción. La privatización de Somisa, en las únicas condiciones aceptables para los pulpos beneficiarios, apenas reportará al Estado doscientos millones de dólares, que se patinarán en menos de lo que canta un gallo. La salvación del plan económico y de su criatura más preciada, la especulación financiera, pasa por la destrucción de las fuerzas productivas del país, y más recientemente por la confiscación económica de trabajadores y contribuyentes por parte del gran capital industrial y financiero. En seis meses de “convertibilidad” el costo de vida ya ha subido un 25%, lo que equivale a la expropiación en igual proporción de los salarios. Para el gobierno, sin embargo, ¡un aumento de los salarios sería Inflacionario!

Todo esto demuestra que el sacrificio que se exige al pueblo en nombre de la “estabilidad” no solo sirve para el enriquecimiento de un puñado de monopolios, sino que también carece de toda perspectiva. No es la reconstrucción del país lo que desvela al menemismo, sino la reestructuración del capital internacional, en primer lugar de los banqueros que han acumulado contra el “tercer mundo “derechos de cobro por un billón y medio de dólares. La salvación de estos créditos exige el hundimiento de los pueblos.

Por eso, los obreros de Somisa, los trabajadores de YPF, los docentes, los mineros y metalúrgicos de Sierra Grande y Altos Hornos Zapla, los trabajadores públicos y los del Hogar Obrero, los bancarios y los estibadores portuarios, y qué decir de los ferroviarios, ¡tienen razón! El aniquilamiento de su derecho al trabajo, la destrucción de pueblos enteros, la entrega a precio vil del patrimonio estatal, no lleva sino a un inmenso agujero negro. Las privatizaciones de ENTel y de Aerolíneas ya han demostrado que esta política conduce al cobro de las tarifas más caras del mundo y a ninguna mejora en la prestación de los servicios.

La racionalización que el país necesita exige la estatización integral de la industria del acero y de los recursos mineros, para producir en gran escala una de las materias primas esenciales para la industrialización del país. Lo mismo vale para el petróleo y el gas, que los pulpos capitalistas quieren exportar para obtener beneficios rápidos, pero que Argentina necesita como materia prima de procesos industriales complejos.

La política dominante no es otra cosa que la política de los grupos capitalistas dominantes. La burocracia sindical tiene estrangulados a los sindicatos precisamente porque no es más que una comisionista de la patronal. Ya es evidente que la aproximación del desenlace en el conflicto de Somisa está llevando a un gran sector de ella a tirar la toalla, como ya lo hizo con los “retiros voluntarios”. Se niega a plantear la huelga general y la ocupación de la empresa. Qué decir de Cavalieri con el Hogar Obrero o de Mary Sánchez que sigue sin mosquearse ante la transferencia, mientras la secta Moon copa el ministerio de Educación.

Pero los trabajadores quieren “bajar” a Plaza de Mayo. Desde Jujuy y Sierra Grande; desde San Nicolás; los del Nación y del Hogar Obrero; el conjunto de los bancarios estatales. Ahí está. Converger a Plaza de Mayo. Todos a Plaza de Mayo. La consigna debe ser ¡Basta! ¡Huelga General!