El genocida Alfredo Astiz -junto a cuatro represores “calificados” de los grupos de tareas de la Esma- acaba de ser condenado en Roma a cadena perpetua por un Tribunal italiano, por sus crímenes de lesa humanidad (secuestro, torturas y asesinatos de la Esma) cometidos contra los ciudadanos italianos Angela María Aieta de Gullo —madre del Juan Carlos Dante Gullo—, Juan Pegoraro y su hija Susana.

 

Por segunda vez, la condena a Astiz se produce en un tribunal extranjero, sin su presencia; en 1990 (ya vigentes las leyes de impunidad alfonsinistas y el primer indulto menemista), fue condenado por un tribunal en París por los secuestros y asesinatos de las monjas francesas Alice Domon y Leonje Duquet; esta vez, en Italia.

 

Como se ve, los procesos judiciales llevados a cabo contra los genocidas tanto en los tribunales argentinos como extranjeros (principalmente España, Francia e Italia) parecen correr en distintas velocidades. En España, tal como informáramos en Prensa Obrera Nº 982, Argentina pidió la extradición del represor de la Marina Ricardo Cavallo para ser juzgado (?) en nuestro país, a días de ser condenado a una pena máxima de 13.332 años de prisión.

 

A su vez, el chacal Astiz permanece en nuestro país bajo “prisión” preventiva desde el mes de septiembre del año 2003 en una “dulce espera” de un juicio oral prometido desde su detención. Se encuentra en las instalaciones “VIP” de una base marina en Zárate, a orillas del río Paraná. Durante el mes de octubre del año pasado la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos denunció la sistemática violación de las condiciones de detención.

 

A pesar de las bravuconadas oficialistas y los festejos de la nueva embajadora itinerante, Estela de Carlotto (haciendo literalmente la “V” peronista para la foto de los diarios; Clarín, 14/3) se encarga de aclarar que “ la condena no implicará para ellos ningún efecto inmediato, pero sí un impedimento para salir del país, ya que automáticamente los buscaría la Justicia italiana”.

 

La misma Carlotto se encargó de sincerar que el fallo “tiene un efecto moral, o moralizador, que puede ayudar a que cumplan su condena en Argentina” (Página/12, 14/3). La política de “derechos humanos” oficial, tan agitada por los “nac & pop”, resulta disminuida al lado de los propios fallos internacionales.

 

En vísperas del 24 de Marzo, los alcahuetes de la chequera fiscal y los izquierdistas democratizantes insisten en que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fue un “gran paso adelante en la lucha contra la impunidad”. Mientras los indultos siguen vigentes, el 95% de los genocidas están sin juicio ni condena, Astiz toma sol frente al Paraná y los presos petroleros de Las Heras se pudren en las oscuras cárceles de Kirchner en Santa Cruz.