Mientras el gobierno provincial se propone endurecer el Código Procesal Penal, sobre todo contra la juventud pobre de la provincia de Buenos Aires, el sistema carcelario bonaerense se parece cada vez más al patio del penal San Onofre, de la serie “El Marginal”: torturas, violencia de todo tipo y crímenes son allí moneda de todos los días.

Así se desprende del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, que denuncia que “en diciembre de 2017 la cantidad de personas detenidas era de 43.094, un índice de prisionización de 253 cada 100 mil habitantes. A junio de 2018, en seis meses, trepó a 45.782 personas detenidas, un índice de 266 cada 100.000 habitantes. La figura del volcán no es retórica, la diferencia es que el magma está compuesto por personas”.

El Informe recuerda la masacre de Pergamino, donde siete jóvenes fueron masacrados por un incendio, con el agravante de que la policía no dejó ingresar a los bomberos para apagar el fuego, según denunciaron los propios bomberos.

Y continúa: “a diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas. En el SPB [Servicio Penitenciario Bonaerense], 38.320 personas se alojaban en 20.071 plazas penitenciarias, generando otro record: 91% de sobrepoblación. En comisarías, 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros superando el 200% de sobrepoblación, y el monitoreo electrónico se aplicaba a 1.677 personas. Otro dato que da cuenta de la gravedad de la situación es que 1.269 personas se alojaban en 109 comisarías inhabilitadas por orden judicial o administrativa, es decir en lugares prohibidos”.

Otra forma de tortura carcelaria: “por su parte, el propio SPB informó a la justicia que ocurrieron 4.451 hechos de violencia que produjeron 5.760 víctimas; al menos el 83 % de estas personas padecieron algún tipo de lesión. De estos hechos, 835 son autolesiones, constituidas en la principal -y muchas veces única- estrategia de las personas detenidas como reacción frente a distintos tipos de tortura carcelaria, especialmente la desvinculación familiar, la desatención de la salud y el aislamiento reiterado”.

Por otra parte, “marcar el cuerpo, autolesionarse, suele ser la única manera de lograr ser escuchados. El 9% de las víctimas de estos hechos son mujeres, porcentaje que duplica la participación de las mujeres en el total de la población carcelaria (4,5% de promedio anual). Según lo que informa el SPB, de las cinco personas que sufrieron mayor cantidad de hechos violentos durante el año, cuatro son mujeres. El mismo SPB informó que en 591 casos hubo una intervención violenta del SPB, que incluyó desde golpes hasta la represión mediante disparos con munición antitumulto. Por otro lado, en 1.985 casos (el 35%) la única medida adoptada fue el aislamiento. Es frecuente encontrar alojadas en buzones personas heridas, golpeadas o deterioradas psíquicamente”.

El informe añade que el estado de salud de las personas hacinadas en esos corrales es peor que pésimo. Los 2.538 reclusos entrevistados por la Comisión denunciaron muertes por enfermedades no atendidas. Los casos de tuberculosis, por ejemplo, treparon de 137 en 2016 a 437 en 2017, según informes del SPB. El informe de la Comisión dice que, por primera vez, el gobierno de la provincia no informó qué cantidad de personas fallecieron en las cárceles. Por lo tanto, el registro de 134 muertes violentas indicado por la Comisión es precario e incompleto. El aumento de los casos de tuberculosis se explica por el hacinamiento, por la superpoblación, que han alcanzado niveles récord en la provincia.

Además, “las mujeres detenidas aumentaron: 1.346 en 2017, de las cuales 81 estaban embarazadas y 62 encerradas con sus hijos. El número de niñas y niños encerrados a diciembre de 2017 ascendía a 63: un 23,7 % más que en diciembre del año anterior. El 60,4% de las madres está en prisión preventiva, superando en más del 10% los valores de varones procesados (54%). En sintonía con esto, las mujeres acceden menos a derechos procesales ligados a la morigeración de la pena. A pesar de ser una población que integra sectores muy vulnerables (embarazadas y niños) el sistema penal es más duro con las mujeres, que padecen además todas las violaciones de derechos ligadas con el encierro”, dice el informe.

En situación más grave aún, “el colectivo trans/travesti padece peores condiciones. El sistema penal niega su identidad genérica, violando la ley 26.743, y las aloja en cárceles de varones sin aplicar ningún protocolo tratamental diferencial. La situación de salud del colectivo es particularmente vulnerable: durante 2017 murieron tres mujeres trans por desatención de su salud, que de por sí es grave. No acceden a los tratamientos hormonales ni tampoco al adecuado para el VIH y sus enfermedades asociadas, siendo que estas enfermedades impactan de manera significativa sobre este colectivo”. 

Todo esto sin contar que las cárceles argentinas son centros organizadores del delito, con presos obligados a salir a robar por sus carceleros -según tantas veces se ha denunciado.

“El marginal” no es una serie ficticia.