El allanamiento ocurrido el 26 de abril, con un procedimiento más que irregular, a la ONG Superfly Cannabis Medicinal llevado adelante por ordenanza del Juzgado de Faltas N°1 de San Isidro debe ser repudiado por el conjunto de la población. El hecho tuvo lugar en la localidad de Martínez y la orden fue emitida por el Juez de Faltas, Andrés Rolón, que contaba con el aval del conjunto del poder político local, quedando demostrado esto en la posterior campaña sucia llevada adelante por las autoridades de la municipalidad. El operativo fue llevado adelante por uniformados de la Municipalidad de San Isidro que, luego de reiteradas amenazas y un tira y afloja sin orden judicial, se metieron ilegalmente a la propiedad y decomisaron las 200 plantas rompiéndolas y estropeándolas en el proceso.

El enorme parate que tiene la emisión de las autorizaciones y certificados para cultivar y el rumor de una posible auditoría al Rreprocann son otras de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa a la hora de discutir esta cuestión. En lo concreto hay un intento por parte del gobierno nacional, que actúa bajo los designios de los grandes lobbys farmacéuticos, de volver atrás con la actual normativa que permite a miles de cultivadores proveerse y/o proveer de la medicina necesaria a miles de personas para una amplia gama de tratamientos, amenazando a miles de autocultivadores con volver a caer en la ilegalidad para posteriormente ser perseguidos por las fuerzas de seguridad. Esto no nos debería sorprender en lo absoluto ya que la propia Victoria Villarruel, en su reciente paso por la Cámara de Diputados, votó en contra de la Ley de Producción Industrial de Cannabis Medicinal alegando “falta de evidencia científica para su uso medicinal”.

Además este cuadro general se ve también afectado por la enorme ola de despidos que sufrió el conjunto de los organismos del Estado dejando diezmados a muchas de sus dependencias y siendo, posiblemente, una de las razones de la enorme demora que tiene en la emisión de cualquier tipo de respuesta por parte del Reprocann.

La persecución a los cultivadores cada día es mayor. El gobierno, de la mano de juzgados, fiscalías y fuerzas de seguridad se sirven de una normativa inacabada y una ley insuficiente para realizar allanamientos violentos en miles de hogares, haciendo destrozos y llevándose detenidos a los cultivadores con el apoyo de los gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, que buscan engrosar su lista de “narcotraficantes detenidos”, “kilos incautados” (que después “se comen las ratas”).

La realidad es que el gobierno nacional, con Cuneo Libarona como ministro de Justicia y defensor de narcotraficantes, con el gobierno provincial con la maldita policía bonaerense, que tiene una infinidad de denuncias por tener estrechos lazos con el narcotráfico, e intendentes como Mauro Ishii, protagonista de los audios difundidos donde explicaba un sistemático encubrimiento al reparto de cocaína con ambulancias, demuestran que el objetivo del Estado no es terminar con el narcotráfico sino defender los intereses de los Bayer (o los de Mameluco Villalva).

Debemos redoblar la organización y movilización de cara a esta marcha mundial por el cannabis, luchar por la derogación de la ley antidrogas de la dictadura que persigue a los consumidores, por la aplicación efectiva de la ley de autocultivo y contra el aumento de las restricciones para sacar el certificado emitido por Reprocann. ¡No mas presos por cultivar!

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