Luego de los 16 allanamientos realizados por la justicia del gobernador jujeño Gerardo Morales a sedes de organizaciones populares y domicilios de sus dirigentes, en el marco de una política de criminalización en todo el país, el jueves hubo una enorme respuesta popular que convirtió en un boomerang el ataque de Morales. De la jornada participaron más de 10 mil personas convocadas por la Unidad Piquetera, la coordinadora de organizaciones populares, la Utep y decenas de organizaciones más. Fue significativo el canto de toda la plaza: “Se viene el Jujeñazo”. La enorme movilización de los trabajadores de salud que llevan semanas de lucha contra los salarios de miseria y que pasó por Plaza Belgrano muestra el clima social que se vive en Jujuy y a lo largo del país.

La brutalidad de los allanamientos se da luego de semanas de un ataque sistemático de alcance nacional a las organizaciones sociales, encabezado principalmente por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Gerardo Morales pretende mostrarse como el abanderado de la persecución a los que luchan, en un contexto de crisis y posibles convulsiones sociales. La carátula de “asociación ilícita” que utilizó la Justicia para realizar los allanamientos muestra una escalada represiva, no solo para prohibir la protesta social sino además la organización de los trabajadores.

El acto realizado en Plaza Belgrano tuvo un componente unitario y amplio, con el objetivo de dar un golpe rápido a la ofensiva del gobernador. El llamado del fiscal Diego Funes -responsable de la investigación actual y de los anteriores encarcelamientos- a una conferencia de prensa en simultáneo a la masiva movilización demuestra que el gobierno sintió la reacción popular.

¿Cómo seguirla?

La continuidad de la lucha por los desprocesamientos y el fin de la persecución requiere de una coordinación amplia y masiva, para sumar a decenas de miles de trabajadores en la defensa del derecho a luchar y manifestarse. Quebrar la política represiva de Morales es una tarea de primer orden para los trabajadores, que frente a un ajuste brutal deben defender mediante la organización y la lucha el derecho al trabajo, el salario y el pan de cada día.

Por eso es necesario acordar un programa que permita desarrollar a fondo un movimiento de lucha que derrote al gobernador Morales y su régimen policíaco. Es indudable que la denuncia al gobierno nacional de Alberto Fernández y CFK no puede ausentarse. Aislar a Jujuy de una escalada represiva nacional mostraría a las movilizaciones un carácter sesgado y oportunista frente a la mirada de la población. La necesidad de sacar a los piqueteros de la calle y perseguir a los que luchan no es una “aventura” de Morales, sino que apunta a poder garantizar un terrible ataque al pueblo de la mano del FMI. A lo largo del país se vive una escalada represiva tanto donde gobierna Juntos por el Cambio como el Frente de todos. La provincia de Buenos Aires de Kicillof es campeona en reprimir manifestaciones. Se trata de una política de estado.

Otro punto programático fundamental es la denuncia de la Justicia provincial, que actúa como un ariete de Morales. El Ministerio Público de Acusación (MPA) y el Tribunal Superior de Justicia cuentan con jueces y fiscales puestos a dedo por el gobernador. Frente a esto algunos sectores reclaman la intervención federal de la Justicia jujeña por parte del Ejecutivo nacional; en concreto pretenden que Alberto Fernández enfrente directamente al gobernador Morales y desarticule su régimen político, pero el presidente no va a intervenir Jujuy ni su Justicia porque es un gran socio del gobernador, al igual que el PJ provincial. Son socios en el pacto con el FMI, acordaron un Consenso Fiscal de ajuste en diciembre, y Jujuy es de las provincias más favorecidas por las transferencias discrecionales de Nación.

A su vez, en un hipotético caso en que se realizara una intervención federal, cumpliría como siempre un rol reaccionario contra las movilizaciones del pueblo. Recordemos la intervención de Menem en Jujuy o la de De la Rúa en Corrientes allá por el ’99. El gobierno nacional intervendría con su orientación de ajuste, dictada por el pago de la deuda y el pacto con el FMI.

Entendemos que el planteo tiene que partir de una impugnación a la Justicia adicta al gobierno de turno e,xigir la derogación del Código Contravencional y el desmantelamiento del MPA, y contraponer la elección popular y revocabilidad de los jueces y fiscales.

Construyamos una enorme movilización popular contra el régimen policial de Morales

Es indudable que para derrotar a Morales necesitamos la participación masiva de los trabajadores. Recoger las reivindicaciones más sentidas del pueblo resulta un punto fundamental para masificar la lucha. El reclamo salarial que hoy afecta al conjunto del movimiento obrero, el rechazo a los tarifazos de transporte, la lucha por la vivienda y por asistencia a los comedores y merenderos, entre tantos otros, son inseparables de la defensa del derecho a organizarse y luchar. La campaña por un paro provincial y nacional contra el ajuste y la criminalización de la protesta es una forma de concentrar todos los reclamos populares.

El jueves 14 se realizará una jornada nacional contra el hambre y la pobreza, donde cientos de miles de compañeros se movilizarán en todo el país. En Jujuy podemos transformar esa fuerza en un golpe al avance represivo de Morales.

Organicemos la lucha.