A través de diferentes medios de noticias (en todos los casos medios alternativos), se conoció la aberrante situación que vivieron 16 hacheros chaqueños, que fueron trasladados desde la localidad pampeana de General Acha hasta el municipio rionegrino de Cipolletti dentro de un acoplado térmico, cerrado y precintado, de un camión perteneciente a la firma Vía Cargo, dependiente de la empresa Vía Bariloche.

Luego de que la policía de Cipolletti tomara conocimiento del hecho a través de una denuncia anónima y se presentase en el lugar, se descubre a través de la declaración de uno de los transportistas -quien no quiso dar a conocer su identidad por temor a represalias- que, en el momento de cortar el precinto de seguridad correspondiente al acoplado térmico, se encontró con “unas 20 personas” que habían realizado el trayecto de 450 km hacinadas y encerradas.

Los 16 trabajadores chaqueños provenían de la estancia “Cabaña Curaco”, que al igual que Vía Cargo y Vía Bariloche pertenenece al emporio empresarial de la familia Trappa (el mismo que es beneficiado por el gobierno de Bariloche, con el visto bueno del gobierno provincial y nacional, para explotar el Cerro Catedral). En esa estancia habían estado realizando trabajos de tala de árboles durante 10 días, a cambio de un pago de $10.000, sin ningún tipo de recibo de sueldo ni reconocimiento de derechos laborales como seguros, aportes obligatorios, etc.

Uno de los hacheros damnificados testifició que hace por lo menos tres años que la empresa realiza estos “viajes laborales” en condiciones de precarización y explotación laboral extremas, desconociendo y desestimando cualquier tipo de derecho legal laboral y humano.

La posterior investigación realizada por Santiago Rey (director periodístico del medio digital En estos días) y su equipo ha revelado que los trabajadores eran trasladados de urgencia a Cipolletti, base de Vía Bariloche, con el fin de evitar complicaciones en una inspección judicial a realizarse en la estancia pampeana para verificar las condiciones laborales en esta época de pandemia. De la misma investigación se conoce que también allí las condiciones en que vivían eran aberrantes.

Cabaña Curaco es una de las proveedoras de leña del municipio de San Carlos de Bariloche, que luego es distribuida en parte de la población en el marco del programa asistencial “Plan Calor”. Sin embargo, al día de la fecha, ni ese gobierno municipal ni el de Río Negro ni el nacional han denunciado o condenado este hecho de público conocimiento, en el que los derechos humanos y laborales de los trabajadores se han visto obscenamente pisoteados. Queda en evidencia la connivencia estatal con estos operadores capitalistas, que obtienen sus ganancias a costa de la superexplotación de los trabajadores.

Foto: "Baño" de uno de los campamentos de Cabaña Curaco. Fuente: En estos días.

Por otro lado, no puede desestimarse que la abrumadora precarización laboral en el sector rural en la Argentina cuenta con la complicidad gremial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y, desde ya, de las diferentes Sociedades Rurales, representantes de los intereses de la burguesía agrícola-ganadera de nuestro país.

La denuncia por este caso ha llegado a la Comisión Federal para la Lucha Contra la Trata de Personas, que se encuentra realizando la investigación pertinente.

La situación de extrema precariedad con que se enfrentan los trabajadores rurales es histórica y la impunidad frente a los delitos cometidos contra ellos también lo es. Entre ellos, la desaparición del compañero Daniel Solano en Choele-Choel, a manos de la policía de la provincia de Río Negro en el año 2011, caso en el que aún no hay una condena efectiva.

Estos constantes atropellos exigen la organización de los trabajadores rurales para recuperar el sindicato y ponerlo al servicio de los trabajadores del campo. Para luchar contra la precarización laboral y por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jornadas de trabajo de 8 horas y un convenio colectivo de trabajo favorable. Desde el Partido Obrero exigimos justicia y condena para los responsables de la explotación infrahumana de los compañeros trabajadores chaqueños perpetrada por la familia Trappa, y para los cómplices del Estado municipal, provincial y nacional que con su silencio abalan estos hechos delictivos de tremenda magnitud.