Al día siguiente de que seis bolivianos —cuatro niños- murieron incendiados en un taller ilegal, una nena de dos años fue asesinada en la 1-11-14. Su madre, Yannet Ruiz, trabajaba en un taller por 550 pesos, de lunes a sábado, catorce horas diarias. Dejaba a su hija mayor al cuidado de una tía, y a la menor con sus primos. A cada uno le pagaba cien pesos más comida, otros cien le costaba la pieza. El papá de la nena le pasaba, cuando podía, 50 pesos. Los vecinos dicen que Yannet las veía sólo los domingos, porque el resto de los días las dejaba y las retiraba dormidas. El 31 de marzo le avisaron que Karina se había caído. Cuando llegó al hospital estaba muerta. Como es indocumentada, retuvieron el cuerpo de su hija “hasta que no tuviera los DNI”. La autopsia dice que la nena fue asfixiada.

 

Karina Ruiz es la séptima víctima del trabajo esclavo en una semana. Los jueces Warley y el subrogante Ponce, del Juzgado de Instrucción N° 12, encarcelaron al cuidador pero ordenaron también la prisión preventiva de la madre, acusándola de “abandono de persona seguida de muerte”.

 

CGP: Centro de Gestión Persecutoria

 

El juez se basó en el testimonio espontáneo del funcionario del Registro Civil, Angel Riverol, a quien le pareció sospechosa “la actitud desaprensiva, poco maternal de la madre” (Página/12, 6/5). Riverol piensa que una boliviana indocumentada es una asesina sólo porque no le moja el saco. El es el responsable de atender a los indocumentados de la 1-11-14. No puede ocupar un cargo público porque es un xenófobo.

 

El juez no pidió otros testimonios y, más tarde, denegó la excarcelación. La acusa de no haber notado que los cuidadores maltrataban a su hija. ¿Abandono de persona? La nena fue muerta mientras ella trabajaba. Ya la habían echado de un taller por faltar el día que inscribió a la mayor en la escuela. Presentó certificados de atención en el Garrahan y en una clínica privada. Los vecinos testificaron a su favor, aunque ninguno fue citado por el juez.

 

Un antecedente fue el intento de sacarle la tenencia de su hija a una azafata porque volaba 9 días al mes. Ahora, hacen un signo igual entre trabajar y abandonar a los hijos. ¿La opción era dejarlas morir de hambre o incendiadas dentro de un taller? Yannet está presa por ser mujer, boliviana y tallerista. Los jueces Warley y Ponce —antiobreros, misóginos y xenófobos- deben ser denunciados y sometidos a juicio político.

 

Patria grande, negocio grande

 

A partir del incendio del 30/3, Telerman ha lanzado una campaña, “Patria Grande”, para la documentación de trabajadores inmigrantes. Es una farsa: para obtener la documentación precaria se exige trabajar en blanco. Los trámites obligan a perder el día de trabajo con riesgo de que te echen. Los talleres clandestinos siguen funcionando de noche o se mudan a unas cuadras. La superexplotación es la base del boom de la moda en Buenos Aires. Yannet y Karina son víctimas de un sistema que aplasta los derechos de las madres, de los chicos y de los trabajadores en nombre de acrecentar las ganancias capitalistas y el superávit fiscal.

 

El martes 9, familiares y vecinos se movilizaron a los tribunales para exigir la libertad de Yannet. El viernes, el juez dictó la “falta de mérito”, aunque el expediente y la investigación siguen abiertos.

 

Exigimos que la causa de Yannet Ruiz se cierre definitivamente. Exigimos justicia para Karina. Exigimos el juicio político de Ponce y Warley. El Estado debe garantizar documentación inmediata y gratuita a todos los trabajadores.  

 

El Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras estamos empeñados en esta lucha.

 

 

(Palermo, 10/5)