La semana pasada se dio inicio al juicio por el crimen de Facundo Ferreira, un niño tucumano de 12 años asesinado de un disparo en la nuca en marzo de 2018 por la policía. Los acusados, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres, dispararon 12 municiones a quemarropa contra Facundo y su amigo.

Luego de tres años y medio se llega a esta instancia con una investigación plagada de irregularidades. La escena había sido “procesada” por los mismos perpetradores, cuando luego de arremeter contra los niños en la zona de El Bajo llamaron a la ambulancia arguyendo un “accidente de tránsito”. Dilataron la atención médica, no se siguió el protocolo ante un posible enfrentamiento (como postularon los acusados), hubieron cientos de maniobras de encubrimiento en la fuerza y la familia de la víctima sufrió varias amenazas. Sostuvieron que Facundo había disparado contra ellos, pero lo cierto es que las pruebas tiraron por tierra esa versión.

El juez Maggio, un defensor de genocidas, se negó a dar preventiva contra los policías. Sin embargo Montes de Oca permanece encarcelado pero por haber sido apresado en un intento de robo, lo que termina de corroborar la absoluta descomposición policial, mientras que Díaz Cáceres, autor del disparo fatal, llega en total libertad a estas instancias. El ahora jefe de Gabinete Juan Manzur, que en ese entonces transitaba su primer mandato como gobernador de Tucumán, salió a apoyar públicamente el accionar de la policía; sosteniendo los mismos argumentos falaces que fueron desestimados con las pruebas. Una abierta defensa de la doctrina Chocobar en la provincia de Luis Espinoza y Ceferino Nadal, donde el gatillo fácil es moneda corriente.

En estado de alerta ante las posibles maniobras de impunidad, nos seguimos organizando y luchando para exigir justicia por Facundo.

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