A días de cumplirse 12 años del asesinato de Paulina Lebbos, el próximo 6 de febrero comenzará el juicio oral en el que están acusados como encubridores altos ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la policía de José Alperovich, en aquel entonces gobernador de la provincia de Tucumán.

Todos estos personajes, desde el mismo momento en que fueron denunciados, fueron protegidos por Alperovich, quien incluso los premió con ascensos en sus cargos y  jubilaciones de privilegio. En este juicio oral los acusados son Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de Policía; Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía; Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Hugo Rodríguez, ex policía. También esta imputado, en este caso  por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, Roberto Luis Gómez, quien usó el chip del celular de Paulina. En esta causa ya hubo un juicio oral contra tres oficiales de la policía de la zona de Raco y Tapia, con dictado de condena por encubrimiento pero con sentencia que aun no están firmes. Y hay otro proceso en curso con otros imputados –el más relevante es el ex fiscal de la causa, Carlos Albaca, quien tuvo la causa a su cargo paralizada durante 7 años.

El juicio oral que se inicia el 6 de febrero tendrá más de 200 testigos, y se extendería durante todo 2018 a razón de cuatro audiencias semanales. También están citados a declarar numerosos funcionarios y personajes vinculados al ex gobierno de Alperovich, varios de los cuales siguen ocupando cargos en el actual gobierno de Juan Luis Manzur.

Cómo llegamos a este juicio

La elevación a juicio oral de la causa de Paulina es el resultado de una movilización sistemática, durante 12 años, que transcendió las fronteras tucumanas, llegó a los medios nacionales y se transformó en el caso más emblemático en la provincia de la lucha contra la impunidad. Grandes actos y marchas; audiencias públicas en el Congreso Nacional y la Plaza Independencia; la constitución de la Comisión de Familiares Victima de la Impunidad –con un relevante papel en todos estos años del Partido Obrero en la organización de los casos; el sostenimiento militante de las marchas de todos los martes, fueron los factores fundamentales que llevaron a que la causa finalmente se abriera paso y llegara a juicio.

La primera denuncia política del caso se realizó en el seno de la Convención Constituyente, en 2006, por parte de los convencionales del Partido Obrero. El resto de los representantes –los del PJ en todos sus matices, los radicales y demócratas cristianos y los de Libres del Sur, que en aquel entonces integraba el gobierno de Alperovich– miraron para otro lado frente a la propuesta del PO de formar una Comisión Investigadora independiente, responsable ante la Convención.

Los intereses en juego

La realización del juicio puede constituirse en un factor de crisis política, porque todo el régimen político provincial estará expuesto en el banquillo de los acusados. Como anticipo, varios de los acusados han señalado que cumplían órdenes –es decir que otros altos funcionarios podrían caer en la volteada. Alperovich está convocado a declarar, por el momento, como testigo, aunque ya ha anunciado que lo va a hacer por escrito.

En este escenario, el gobierno nacional busca incidir en la causa para explotar la crisis en su propio beneficio: desde el Ministerio de Justicia de la Nación y de la Secretaría  Derechos Humanos ha impulsado una suerte de intervención a la justicia tucumana, promoviendo una veeduría sobre 33 causas (entre ellas el caso Lebbos) y designando como veedores a la funcionaria del PRO Ana Colombres Garmendia y al “Chino” Robles, abogado radical y dirigente del Acuerdo por el Bicentenario. Quien más comprometido está con estas causas que han pasado a ser controladas nacionalmente es Alperovich –y por extensión Manzur, quien era el vicegobernador en todo ese período. Pero Manzur se ha transformado en uno de los mejores aliados del macrismo, agudizando los choques con Alperovich al punto de la ruptura –la justicia tucumana hace lo propio. Por su parte, Alperovich ha explorado un acercamiento con el macrismo (votó la reforma previsional), procurando un acuerdo político de impunidad en el juicio del caso Lebbos, pero el escenario está abierto.

El camino es la lucha independiente del Estado

Para avanzar en la condena a todos los responsables es fundamental sostener durante el juicio el proceso de movilización popular, delimitándose de las maniobras que pretende hacer el macrismo, salpicado de impunidad en numerosos terrenos, para usufructuar esta lucha ejemplar. Es también la única vía que permitirá enfrentar los”acuerdos de gobernabilidad” que pueden dejar impune a parte de los responsables.

Preparemos una gran movilización independiente para el día 6, en el inicio del juicio, y el 26 de febrero, cuando se cumplirán 12 años del crimen de Paulina.