La desaparición del trabajador rural Luis Armando Espinoza a manos de la policía en el paraje El Melcho, departamento de Simoca, es de una gravedad intolerable. La última vez que se lo vio con vida fue el viernes 15 en medio de un operativo ilegal, donde fue herido. Según los testimonios y vecinos, luego fue subido a una camioneta particular de una de los efectivos. A pesar de los testimonios contundentes, la justicia detuvo a los policías recién el día miércoles 20. El rastrillaje y búsqueda de Luis recae especialmente sobre la espalda de sus vecinos y familiares por la demora injustificada de las autoridades judiciales que pusieron los recursos a cuentagotas. En las últimas horas se encontró un cuerpo que sería el de Luis en la zona limítrofe con Catamarca. De confirmarse es un hecho que no puede quedar impune.

Estamos ante un caso de desaparición forzada de persona seguida de muerte llevada a cabo por instituciones estatales. La responsabilidad de los efectivos que participaron de este aberrante hecho sube hasta los jefes zonales, el ministro Claudio Maley y el gobernador Juan Manzur que dirigen una fuerza corrompida de punta a punta. En medio de la cuarentena, al calor de la búsqueda de Luis se conoció el caso de Alan Andrada, asesinado a golpes en la comisaria de Monteagudo en octubre de 2018 y donde se denuncia la responsabilidad de dos de los policías que participaron en el operativo la tarde de la desaparición de Espinoza. Los casos de gatillo y atropellos policiales en la provincia dan cuenta que no es una excepción lo que sucedió en el paraje El Melcho. Es la misma policía que ocultó y encubrió el crimen de Paulina Lebbos en febrero de 2006 y que protagonizo casos de torturas en las comisarías durante todos estos años. Están protegidas por el poder político de turno porque sirven para reprimir la protesta social, cuando algún atropello toma estado público, desplazan a algún efectivo o comisario pero mantienen su estructura corrupta. Mientras tanto el gobierno y la oposición discuten en la legislatura darle más poder a la policía con la llamada ley “antimotochorro”.

Desde el Partido Obrero en el FIT-U nos solidarizamos sin condiciones con la familia de Luis Espinoza y nos ponemos a disposición para llevar adelante las medidas de lucha que ellos decidan. Llamamos a las organizaciones políticas y sociales comprometidas con los derechos humanos a ganar las calles para exigir justicia por Luis Espinoza y cárcel a los responsables.

Justicia para Luis Espinoza.

Juicio y castigo a los responsables de su desaparición.

Fuera el ministro Claudio Maley.

Desmantelamiento del aparato represivo. El Estado es responsable.