Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) se ha denunciado que la muerte de un niño de 12 años, Facundo Burgos, asesinado por la policía de un disparo en la nuca, es el corolario de un comienzo de año violento y en el cual el Estado parece haber legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad.



 "A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas", explicó Ana Laura Lobo Stegmayer, directora Ejecutiva de la ONG.



Los policías que asesinaron al chico fueron detenidos pero frente al argumento de que actuaron en defensa propia fueron liberados. Han usado el libreto que Patricia Bullrich le ha dado a todos los autores de gatillo fácil.



Este hecho criminal se produce en un momento en que la crisis penitenciaria está al borde de un estallido, donde 700 presos desbordan los calabozos de todas las comisarías. Se ha denunciado que en calabozos para 8 reclusos acomodan a 34 con un solo retrete, generalmente desbordado que inunda el piso del calabozo, y donde los presos duermen unos arriba de otros. El gobierno de Juan Manzur no ha hecho nada para cumplir una resolución de la Corte por la cual se prohibía que los presos fueran recluidos en las comisarias. 

A su vez, en el sistema el sistema penitenciario propiamente dicho, se comprobó efectivamente que todo un sector del personal había montando una red narco interna que obligaba a los presos a comprar y otros a vender para la corona de penitenciarios. El director del penal de Villa Urquiza tuvo que renunciar junto a otros oficiales y hay abierta una investigación por varios crímenes cometidos dentro de la cárcel que estarían vinculados a esta cuestión.



El sistema represivo provincial es una fuerza relativamente fuera de control. Siguen usando una ley de contravenciones de la época dictatorial. Las razzias se han multiplicado, los operativos sobre las barriadas y los servicios de transporte lo mismo. Tucumán es una de las pocas provincias que no ha adherido a una ley nacional de prohibición de la tortura. En todas las comisarias y en el penal, las torturas son de uso cotidianas.



En la escuela de policía los manuales de estudios que siguen vigentes son los que se usaban en la época dictatorial y los entrenamientos (los bailes) son similares a los que se usaron en La Rioja (donde murió el cadete Emanuel Garay), se tortura a los aspirantes de manera selectiva para seleccionar a los que van efectivamente a ingresar y de paso se los va mentalizado con los métodos que luego van a tener que implementar en las comisarías. 



Como se ve, la doctrina Chocobar encaja con todo el sistema represivo vigente, herencia de la época dictatorial y está al servicio del orden vigente y los gobiernos de turno, ahora el de Manzur, con su política macrista de aplicar su plan de guerra a los trabajadores y el pueblo tucumano.



 La lucha por la vida y los derechos democráticos, más que nunca, están a la orden del día en la provincia.

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