En el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tucumán -conocido como megacausa Villa Urquiza, en referencia a la magnitud del expediente y al lugar donde ocurrieron los delitos, la actual cárcel- quedó nuevamente manifiesto que el genocidio dictatorial comenzó bajo el gobierno de Isabel Perón (en aquel entonces, Tucumán era gobernada por el peronista Amado Juri). El proceso dejó a la luz que esa cárcel funcionó un centro clandestino de detención (CCD), torturas y muerte, entre 1975 y 1983.

El juicio presenta la particularidad de que 33 de las 39 víctimas, pudieron relatar las vejaciones y torturas a las que fueron sometidas, puesto que pudieron salir con vida del CCD. En sus relatos, fueron identificando a la mayoría de los diez imputados -por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios. Varios de esos imputados ya cuentan con condenas -incluso, firmes- por otras causas por delitos de lesa humanidad.

El juicio comenzó a mediados de septiembre y está previsto que los jueces dicten sentencia el 23 de este mes. El fallo llegará en un contexto de alerta para los que esperan una sentencia de cárcel común y efectiva. Recientemente, la Sala III de la Cámara de Casación Penal, revisando un fallo dictado en diciembre, dispuso la libertad de 17 represores y el beneficio de la prisión domiciliaria para otros 13, todos condenados en el marco de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, los CCD más importantes de la provincia, hasta el punto que el Arsenal es conocido como la Esma del NOA. La medida se adoptó hasta que estas sentencias queden firmes, cuestión que puede significar años, y aun cuando la Fiscalía y los querellantes advirtieron sobre el riesgo de fuga y el peligro para la integridad física y psíquica de las víctimas.

Aquel proceso, cuyo fallo se dictó en diciembre del año pasado, fue el más importante en el marco de los juicios por violaciones a derechos humanos que se realizaron en Tucumán. Resultaron condenados 37 de los 41 imputados -entre los absueltos, por el beneficio de la duda, figuraron un cura y un civil.

Precisamente para repudiar esta medida, el 10 de diciembre se realizó una masiva marcha para exigir la cárcel efectiva para los genocidas liberados. De la movilización participaron agrupaciones que vienen siendo críticas de la política de derechos humanos del kirchnerismo, pero también organismos cooptados por los K. Ahora estos deben entender que la liberación de los genocidas no resulta un rayo en cielo sereno, sino que se enmarca en el último ciclo del gobierno “Nac&Pop”, que ensalza a César Milani -sospechado por la desaparición de un conscripto, durante la dictadura-, que banca al represor Sergio Berni y que recibe consejos del “dirigente gremial” de la Uocra, el ex Batallón 601 Gerardo Martínez.