Luego de la aparición del cuerpo de Luis Espinoza, el último viernes, desde la Casa de Gobierno montaron un operativo para encubrir las responsabilidades del crimen del obrero rural en el sur de la provincia y los apremios ilegales contra su hermano Juan.

Ante los testimonios contundentes de testigos que dejan en claro la participación de los ocho policías del destacamento de Monteagudo en la desaparición forzada seguida de muerte, la actitud de la justicia y del gobierno ha sido la de restringir responsabilidad sobre los autores materiales. Las pericias forenses han confirmado que fue asesinado con un disparo de una pistola Jericho calibre 9 mm que pertenecería al oficial auxiliar José Morales que es uno de los procesados, también están detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos José Paz, Claudio Zelaya y Miriam González, el agente Esteban Rojas González, el vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo Sergio Santillán y un familiar de uno de los policías.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo convocó a la legislatura al ministro de Seguridad, Claudio Maley, para que dé explicaciones del accionar policial en el caso y recibió a la madre de Luis Espinoza desligándose de su propia responsabilidad. Por su parte, el gobernador Manzur rompió el silencio para proteger a su ministro, declarando que "Maley es una persona de bien, que trabaja. No creo que deba renunciar. No he pensado en cambiarlo" (La Gaceta,  27/5). Esta visita del ministro a la legislatura no fue más que una puesta en escena, que se inscribe en la interna entre Jaldo y Manzur que se termina a la hora de respaldar a una institución descompuesta como la policía.

Es toda la “institución”

La desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza por parte de efectivos policiales no es un caso aislado en nuestra provincia. Tampoco la impunidad que baja desde el poder político. No hay reforma que valga para una institución que encubrió el crimen de Paulina Lebbos, asesinó por la espalda a Facundo Ferreira de 12 años, fusiló a Miguel Pérez Reyes y mató a Ismael Lucena, solo por nombrar casos que tuvieron trascendencia pública por la lucha de sus familiares y amigos. La policía tucumana es la hija legítima de un régimen patronal que necesita tener a esta fuerza de choque contra la juventud y los trabajadores. Mientras el oficialismo reclama contra los policías asesinos, en la legislatura se aprobó este último miércoles una ley para darle más poder a la fuerza con la llamada ley “antimotochorro”, un engendro inconstitucional que solo perjudica a los trabajadores que se movilizan en estos rodados y que preanuncia nuevos atropellos policiales.

Fuera el ministro Claudio Maley

Desde el momento de la desaparición de Luis Espinoza salió a la luz una serie de irregularidades gravísimas. Dos de los policías implicados tenían causas abiertas por la muerte del joven Alan Andrada en 2018 y a pesar de ello seguían “prestando servicio”. Los ocho policías procesados recién fueron pasados a disponibilidad cuando ya era un hecho que habían asesinado a Luis Espinoza. Estas medidas tardías fueron claves para que los implicados procuren su impunidad e intenten desviar la investigación con pistas falsas.

Justicia por Luis Espinoza

Desde el Partido Obrero participamos el sábado 23 de una concentración junto a otras organizaciones y familiares de casos de gatillo fácil frente a Casa de Gobierno reclamando justicia por Luis y la renuncia inmediata del ministro de seguridad Maley. Es fundamental impulsar la movilización popular para que la justicia condene a los responsables materiales y políticos de un hecho tan aberrante.

Justicia por Luis Espinoza.

Cárcel a los responsables materiales y políticos.

Fuera Maley. El Estado es responsable.