Durante el pasado fin de semana, se desarrolló en Tucumán un megaoperativo de “control” en los ómnibus urbanos en diferentes puntos de la provincia consistente en pedirles a los pasajeros el DNI para hacer, mediante un sistema de scaneo, la averiguación de antecedente. Participaron la policía de la provincia, la Federal, la policía aeroportuaria y la Gendarmería. El secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hofer, reconoció que estos operativos son “de rutina” y que la policía provincial ya los viene realizando en la capital.

 

El gobierno plantea que así se puede detectar a personas buscadas por la justicia. El gobierno explota a su favor la indignación popular por el crecimiento de la ola delictiva, pero estos operativos no apuntan a combatir el delito sino a hacer habitual el despliegue y los operativos de fuerzas represivas federales y de la provincia, creando al mismo tiempo un clima de intimidación a la juventud y a la clase trabajadora que es la que habitualmente usa estos medios de transporte. La participación de fuerzas nacionales y de la provincia muestra que entre el gobierno de Macri y los gobernadores no solo han conformado una coalición ajustadora, sino también, una coalición represiva contra la población más pobre y trabajadora. La ola delictiva ha crecido porque las bandas operan con la complicidad de la misma policía e incluso de la justicia. Así lo demuestran todos los hechos criminales ocurrido en la provincia en los últimos años.

 

Este procedimiento recuerda al “digicom”, introducido en 1978 por la dictadura militar en época del Mundial de Fútbol, con el cual se realizaban operativos en medios de transporte o directamente en la vía pública y bares, y se cotejaban las cédulas de identidad con el archivo de antecedente de las personas. En Tucumán, en 1980, también durante la dictadura, se decretó una ley de contravenciones que contemplaba el arresto por averiguación de antecedente. Con el retorno al régimen constitucional, en Tucumán se derogó el arresto por averiguación de antecedente, pero se dejó en pie todo el resto.

 

En el 2010, frente a denuncias de varios hechos criminales cometidos por la policía en el marco de la ley de contravenciones, ésta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación y por la Corte de la provincia. Sin embargo, Alperovich nunca la dio de baja. Ahora Manzur no sólo la mantiene en pie, sino que con aval del gobierno nacional vuelven a la política de averiguación de antecedentes en abierta violación a la libre circulación de las personas.

 

Por la derogación de la ley de contravenciones. Por el cese de las razzias, los operativos de averiguación de antecedentes y las detenciones arbitrarias. Es necesaria una campaña de pronunciamientos y movilización para lograrlo. Están en juego los más elementales derechos democráticos.