Un nuevo juicio contra los represores

Apel

-Exclusivo de internet

Un policía retirado y un ex militar procesados por centenares de casos de secuestros y torturas en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar dependientes del I Cuerpo del Ejército, comenzaron a ser juzgados el 19 de abril.

Los imputados son el policía retirado Pedro Santiago Godoy, de 72 años, y el ex militar Alfredo Omar Feito, de 65, quienes ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara optaron por guardar silencio y anticiparon que hablarán a lo largo del proceso, que se prevé durará alrededor de un mes.

A Godoy, alias “Calculín”, se lo procesó por 181 casos de privaciones ilegales de la libertad, agravada por tormentos, enumerados en el inicio de la jornada, mientras que Feito llegó a juicio por 118 acusaciones.

Godoy, quien nunca declaró en la causa, era oficial de la Policía Federal cuando actuó en la represión ilegal. “Godoy decidía sobre liberaciones o traslados”, según testimonios de sobrevivientes y, al igual que Feito, está acusado como “autor inmediato” de los hechos. Testigos del caso aseguran que le decían “Calculín” y “le gustaba discutir sobre política e ideología” cuando integraba grupo de tareas, participaba de sesiones de tortura y custodiaba secuestrados.

Feito, dado de baja del Ejército en 1982, fue visto en El Banco y Olimpo como miembro de grupo de tareas, además de estar acusado de cumplir tareas de inteligencia y “seguimiento de liberados”.

Ambos acusados llegan en libertad al juicio oral, a pesar de los graves delitos de los cuales son imputados.

La defensa de ambos represores intentó suspender el debate, argumentando que todavía están pendiente recursos por la competencia del tribunal, lo que fue rechazado por los jueces.

Este nuevo juicio, denominado ABO II, se inició aplicando las reglas fijadas por la Cámara Nacional de Casación Penal para agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad, por lo cual a pesar de los numerosos casos, se prevé que sólo durara un mes.

A pesar de ello, reproduce la dispersión de los juicios denunciado por el espacio de Justicia Ya, del cual Apel participa en forma sistemática.

La querella de Justicia Ya pedirá que se amplie la acusación por homicidio, en relación con cinco víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva, que el mar devolvió a la costa bonaerense, tras ser arrojados al agua.

A pesar de que esto era conocido antes de que se eleve la causa a juicio, el juez Rafecas sólo los acusó por privación ilegítima y tormentos, en una muestra clara del desmembramiento de las causas y las acusaciones incompletas a los represores que tienen como consecuencia la impunidad por delitos y víctimas.