La sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de tres de los policías imputados en la causa que investiga el crimen de Mariano. Esto significa que la acusación contra ellos queda firme y, por lo tanto, que el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 21 está en condiciones de fijar fecha para el inicio del juicio.

El dictamen del Tribunal de Alzada responde a las presentaciones efectuadas por el comisario Luis Mansilla, al camarógrafo policial David Villalba (quien evitó registrar en video exactamente el momento del ataque de la patota y el asesinato de Mariano) y el operador de radio Gastón Conti. Los policías planteaban la nulidad de su procesamiento por incompetencia del Tribunal y, por lo tanto, la nulidad de la elevación a juicio. El fallo -firmado por los jueces Mariano Borinski, Raúl Madueño y Liliana Catucci- se basó en un argumento técnico: Casación no analiza procesamientos a menos que exista un elemento particular que los haga equiparables a una sentencia definitiva, lo cual no se verifica en este caso. El Tribunal también confirmó el embargo por 200 mil pesos sobre sus bienes.

Los policías están acusados por “abandono de persona seguido de muerte y agravado por daño a la salud”. Por esa calificación penal, la defensa de los policías -mientras estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, situación que se prolongó durante un año- planteó que la causa pasara al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual demoró significativamente el proceso judicial hasta llegar a este fallo. El juicio oral será la oportunidad de demostrar que fueron plenamente partícipes de la acción criminal de la burocracia. La policía liberó la zona, apoyó a los matones de la Unión Ferroviaria, ocultó sus propias comunicaciones y destruyó pruebas. Su participación en los hechos, se recordará, fue considerada -tanto por la jueza Wilma López como por la Cámara del Crimen- como “indispensable” para que se produjera el homicidio.

Ahora, aunque los policías recurran a la Corte Suprema, el TOC 21 se encuentra en condiciones de poner nueva fecha para la audiencia del juicio oral, el que tendrá en el banquillo a los siete policías federales imputados; al titular de la UF, José Pedraza; a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y a ocho hombres que integraron el grupo de choque.

Por otra parte, la causa que investiga el intento de soborno a jueces de Casación -en la cual también está imputado Pedraza- continúa paralizada por las chicanas interpuestas por otro de los acusados, el ex juez y abogado Octavio Aráoz de Lamadrid. En ella se investiga un plan urdido entre Pedraza, Aráoz de Lamadrid; el vicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la UF, Angel Staforini, y el agente de inteligencia José Riquelme para “comprar” la excarcelación de los primeros detenidos por el crimen de Mariano. Su objetivo era mejorar la situación del secretario general del sindicato ferroviario. El avance de esta investigación es muy importante para reforzar todos los elementos que existen en la otra sobre el rol de Pedraza como autor mediato del crimen. La Cámara de Casación debe rechazar por improcedentes y dilatorios los recursos interpuestos por Aráoz de Lamadrid y habilitar el llamado a indagatoria de los imputados.

El TOC 21 tiene el camino allanado para fijar la fecha del juicio oral a Pedraza, la patota y los policías.

Castigo a todos los responsables por el crimen de Mariano Ferreyra.