El 27 de agosto próximo, con una audiencia pública en la Legislatura provincial, el diputado Guillermo Kane, del bloque del PO-FITU y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia institucional, presentará un proyecto de ley contra los privilegios que otorga el Estado provincial a policías acusados de delitos que atentan contra los derechos humanos. 

De la audiencia participarán familiares de Sofía Fernández, un caso íntimamente vinculado al tema, familiares de víctimas de la impunidad y particularmente del gatillo fácil y la violencia estatal, además de organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas. También se hará presente Vanina Biasi, diputada nacional del PO-FITU, quien aportó a la elaboración del proyecto.

El caso de Sofía Fernández, un botón de muestra de la situación en la provincia y detonante de este proyecto

Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años, fue “encontrada muerta” en el año 2023 en una celda de la comisaría 5^ta de Derqui, en Pilar. Tras la autopsia, se determinó que murió por asfixia, precedida de tortura y con signos de posible abuso sexual. Hay 10 policías acusados por la fiscalía como coautores y encubridores del asesinato.

Evidentemente, el travesticidio de Sofía refleja a una policía que se cree impune para actuar de manera criminal. Así lo han denunciado una y otra vez los familiares de víctimas de muertes en comisarías o muertes por gatillo fácil. En este caso se suma el odio de género y la saña contra una mujer trans.

El accionar del Ministerio de Seguridad alimenta esa impunidad con la que actúan cotidianamente los efectivos de la maldita bonaerense. En el caso de Sofía, el ministerio de Javier Alonso, discípulo de Sergio Berni, asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los 10 acusados, aún cuando se trata de delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos de una persona bajo custodia policial. En una resolución de julio de este año, el juez liberó a 9 de los 10 policías que inmediatamente volvieron a sus funciones en la fuerza.

El privilegio de un asesoramiento legal especializado con el que cuenta este grupo de policías (un equipo de cinco abogados y peritos de parte de profesionales de la policía), y hasta de un equipo de apoyo psicológico, contrasta brutalmente con las posibilidades de la familia de Sofía, que no recibió apoyo ni asistencia alguna del Ministerio de Mujeres y Diversidad del gobierno de Kicillof. Al día de hoy, el reclamo de justicia por el travesticidio de Sofía, que se expresó con diversas manifestaciones callejeras, corre por cuenta de la familia y de un puñado de organizaciones independientes independientes del Estado del movimiento LGBTIQ+.

El “progre” Kicillof, por detrás de resoluciones nacionales

Para el caso de las fuerzas federales, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación del 2023, que sigue vigente, estableció que está vetada la asistencia jurídica a miembros de las fuerzas policiales acusados por “graves violaciones a los derechos humanos”. La resolución en cuestión, que desde ya tiene sus límites, estuvo precedida de múltiples casos, en particular el de Ricardo Javier Kaplun, muerto bajo custodia policial en el año 2000, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello ,el nada “progre” y represor Aníbal Fernández tuvo que firmar la resolución mencionada.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde tuvimos en los últimos años casos emblemáticos como la Masacre de Monte, el caso de Daiana Abregú, Facundo Astudillo Castro, Luciano Olivera, Alejandro Martínez y sigue la lista, esta resolución no fue adoptada. Por el contrario, prima la política de amparo desde el poder a los efectivos implicados en casos de impunidad, en una defensa corporativa de la maldita policía bonaerense impulsada desde el ministerio que antes dirigía Berni y ahora el sucesor surgido de su riñón, Javier Alonso. 

Esa misma defensa corporativa se ha materializado, en algunos casos, en reivindicaciones mediáticas del accionar policial por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, y sin dudas es parte del mismo problema. Es lo que sucedió, por ejemplo, con las declaraciones de Berni luego del fallecimiento del hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, “Lolo” Regueiro, durante la represión en aquel partido que iba a jugar contra Boca. 

Que la provincia no haya adherido a la resolución no es una “distracción” de Kicillof, sino parte de una política de impunidad, impulsada especialmente desde el Ministerio de Seguridad.

Una iniciativa legislativa contra la impunidad del Estado

El proyecto que se presentará en la audiencia del 27 de agosto, entonces, tiene el objetivo de ser una herramienta de lucha contra la impunidad estatal. El mismo fue elaborado tomando en cuenta el reclamo de familiares y amigos de Sofía Fernández al Ministerio de Seguridad para que cese la defensa jurídica, técnica e institucional de los policías acusados, reclamo que han expresado mediáticamente y también en distintas acciones callejeras.

Por supuesto, el proyecto tiene sus diferencias sustanciales con la resolución nacional a la que hicimos mención. Fundamentalmente, porque involucra como violaciones a los derechos humanos todos los casos contra terceras personas (siendo que en gran cantidad de casos la carátula elegida por la Justicia corresponde a delitos menores), y porque constituye una comisión con organismos de derechos humanos independiente del Estado, de lucha contra el gatillo fácil y de familiares y víctimas de la prepotencia e impunidad policial. Esta comisión resulta fundamental para garantizar que se cumpla esta iniciativa, siendo que funcionará con independencia de los poderes de un Estado que constantemente está directa o indirectamente implicado en los casos mencionados. 

Con la audiencia pública de presentación, comenzamos una campaña por darle el mayor impulso a este proyecto, para que sea tratado de inmediato por la Cámara. El lugar que ocupa la bancada de Guillermo Kane, del PO-FITU, como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados, estará al servicio de ello. Con la fuerza de la movilización popular, vamos por una gran campaña para terminar con el amparo del poder político a la impunidad de la maldita bonaerense y todos los agentes de seguridad.

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