El defensor ante la Suprema Corte bonaerense, Mario Coriolano, presentó el informe anual 2018 del "Registro de casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes", de la Defensoría de Casación Penal de Buenos Aires, que arroja cifras escalofriantes. El registro funciona en la Defensoría de Casación desde marzo de 2000, y lleva un total acumulado hasta fin del año pasado de 12.927 hechos.

En el relevamiento 2018 se contabilizaron 503 casos de jóvenes, hombres y mujeres víctimas de torturas y otras vejaciones, con presunta autoría de policías y penitenciarios bonaerenses. En 2017, habían sido contabilizados 682 hechos.

"No podemos responder si cada año hay más o menos casos de tortura, porque tenemos el problema de la falta de independencia: el registro aumenta o disminuye en función del nivel de compromiso de los operadores de la defensa que denuncian o no estos casos (…) Lo que sí podemos afirmar es que la tortura y los tratos inhumanos siguen siendo una práctica generalizada y sistemática en nuestra provincia, con un preocupante correlato de impunidad de los autores de estos hechos", declaró Coriolano a La Nación (14/6).

Los hechos denunciados refieren a golpes de todo tipo, abuso sexual, agresiones con proyectiles, asfixia, quemaduras y pasaje de corriente eléctrica, entre otros. Según el informe, en 364 casos la autoría fue adjudicada a efectivos de la Policía Bonaerense, en 103 a personal del Servicio Penitenciario, y en 36 a agentes de Gendarmería, Prefectura, policías locales, e incluso personal de centros cerrados de jóvenes y neuropsiquiátricos. El caso del fuero penal juvenil es particularmente alarmante: solo el año pasado fueron 143 los adolescentes víctimas de estos abusos.

Del total, sólo en 207 casos los hechos fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además de la defensora o defensor, mediante denuncia penal, habeas corpus o testimonio en audiencias ante el juez o el fiscal. En el resto las víctimas lo hicieron saber bajo secreto profesional, de modo confidencial, es decir que casi el 60% de estas vejaciones no fueron denunciadas por temor a represalias. Toda una radiografía del régimen de terror.

Estas atrocidades no son potestad exclusiva de los penales bonaerenses. La Procuración Penitenciaria dio a conocer recientemente un informe que da cuenta del fallecimiento de 425 internos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal entre los años 2009 y 2018. Del total de muertes, las que se produjeron en hechos violentos sumaron 189, un 45%. Se precisa que las muertes se produjeron por suicidios, homicidios, accidentes y lesiones graves sufridas por los internos durante motines o protestas para reclamar mejores condiciones de detención. El caso de muertes violentas en cárceles argentinas está por encima de las cifras que se registran en otros países de la región como Uruguay e incluso Brasil. 

Hay que tener en cuenta que son organismos estatales los que elaboran estos registros, y que los mismos reconocen que el propio régimen de torturas es un amedrentamiento que obstaculiza cualquier paneo acabado de la situación que viven los detenidos en la provincia y el país. Por eso debemos denunciar que la presentación de este tipo de informes no tiene consecuencias concretas por fuera de las estadísticas, salvo contados casos puntuales. 

Para terminar con este sombrío panorama es indispensable avanzar en el desmantelamiento del Estado capitalista y sus fuerzas represivas. El plan de guerra del FMI contra los trabajadores, por el contrario, incrementará la explotación y la miseria, y perpetuará este colapso inhumano en las cárceles y comisarías de la provincia, además de robustecer el entramado de crimen organizado al cual sirve. La erradicación de las torturas y los asesinatos en los centros de detención solo pude ser obra de un gobierno de trabajadores.