Recientemente, el juez Juan Carlos Picco dictó una condena de apenas dos años de prisión en suspenso a Martín Aguilar, encargado de la planta de pollos “Qué Rico”, en la causa en la que estaba imputado por el sometimiento de tres niños a condiciones de esclavitud laboral y a abusos sexuales en Guerrico (localidad rural del partido de Pergamino).

 

El fallo es un ejemplo más de la existencia de un régimen estatal que beneficia, a través de la Justicia y el conjunto de sus instituciones, los negociados y la impunidad de una determinada clase social: la burguesía.

 

Los fundamentos de la sentencia alegan que durante los meses de febrero y junio del año 2016, el encargado otorgó a estos niños tareas no acordes a su edad y que además fueron sometidos a situaciones de esclavitud, de riesgo para su integridad física, con exposición a enfermedades y trabajos forzados que incluían extensión horaria en pésimas condiciones, con vestimenta inadecuada para las tareas en cuestión.

 

La empresa, a través del encargado y bajo estas circunstancias, atentó contra la integridad física, psíquica y moral de los mencionados niños. Aguilar se aprovechó no sólo económicamente; por su lugar de poder y la vulnerabilidad de las víctimas, los abusos sexuales formaban parte de la extorsión patronal hacia los niños, bajo la amenaza de perder su sustento.

 

El trabajo infantil no es una rareza: el estatuto del peón rural votado por el kirchnerismo y apoyado por la mafia sindical de la Uatre avala esta práctica atada a la superexplotación, que permite a las patronales hacerse de una fuerza de trabajo más barata, con el objetivo de achicar el conjunto de los salarios de los trabajadores.

 

Esta situación se enmarca en un escenario de ofensiva al conjunto del pueblo trabajador,  consagrando la impunidad empresarial.

 

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda venimos llevando adelante una dura lucha contra el trabajo infantil, la precarización laboral y cualquier otra forma de explotación, proponiendo el control de las condiciones laborales a través de comisiones integradas por trabajadores, a la vez que planteamos la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular.