La jueza Miriam Molto, del Tribunal Colegiado n° 2 de Mendoza, condenó el pasado lunes a nuestra compañera Raquel Blas (secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza) y a Roberto Macho (secretario general de ATE provincial) a tres meses de prisión en suspenso por la realización de una acción callejera, en el marco de un paro nacional de ATE el 24 de febrero de 2016.

Se trata de una resolución estrictamente política, por orden y cuenta del gobierno provincial de Alfredo Cornejo, cuya “negociadora” en aquel corte fue la que presentó la denuncia que dio origen al juicio. El fallo es la conclusión de un juicio amañado y de la vulneración de los mecanismos de defensa.

La condena, que se suma a otra por parte de los Tribunales Federales por un hecho similar, apunta por elevación contra toda la protesta social, amparándose en el artículo 194 del Código Penal (que instituye como delito el "impedimento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra"). Ambos fallos serán apelados por la defensa.

El juicio fue una farsa

Las irregularidades del proceso judicial ponen de manifiesto que los acusados nunca tuvieron posibilidad de ser absueltos, ya que Cornejo pretendía con ellos una condena ejemplificadora.

En esta causa estaba acusada una tercera persona, Federico Lorite, secretario general del SiTea, quien presentó un cuestionamiento a las imperfecciones en el procedimiento por parte de la justicia. Mientras que el juez a cargo le dio lugar, exonerándolo y evitando su elevación a juicio, no lo hizo con los otros acusados que presentaron su reclamo.

Otro tanto sucede con los elementos usados como “pruebas” de que se hubiese cometido la acción prevista por el artículo 194. La fiscal Gabriela Cobos aportó los testimonios de dos policías, pero ninguno de estos sitúa a los acusados en el lugar del supuesto delito -por el contrario uno de los policías indica haber visto a Raquel Blas en la vereda. Otra de las supuestas pruebas es una foto en la que se ve a Blas dialogando en la playa de estacionamiento de la Casa de Gobierno con la “negociadora” enviada por Cornejo. Finalmente, la fiscal presenta como su prueba más fuerte el testimonio de la “negociadora”/denunciante.

Durante los alegatos, Cobos pidió nueve meses de condena, argumentando que si bien Raquel no estaba cortando la calle, ella como dirigente de lucha de los estatales es responsable por los cortes de calle que protagonizan sus representados. Se trata de un argumento que sienta un precedente aberrante, de persecución contra los dirigentes obreros.

El bolsonarismo de Cornejo

La prensa mendocina dio amplia cobertura a la noticia, presentándolo como la condena a quienes interrumpen el tránsito (algo que nunca probó la fiscal). Actuó por orden directa de la Secretaría de Prensa del Ejecutivo Provincial: no se podía esperar que produjeran otro efecto los mil millones de pesos que pone Cornejo en “publicidad oficial”.

Cornejo pretende exhibir la condena a Raquel –que, por ser en suspenso, incluye la obligación de mantener una “conducta ejemplar”- como un trofeo.

Busca mostrar un disciplinamiento social que no ha conseguido: tras las modificaciones de corte punitivista de la justicia y la aplicación del Código de Faltas (que no es otra cosa que un pequeño Código Penal de la provincia) no ha logrado establecer una regimentación de las luchas ni del espacio urbano.

La condena es un manotazo de ahogado frente a un creciente descontento social y la tendencia a la rebelión popular contra las medidas de ajuste. Llamamos al conjunto de los trabajadores y sus organizaciones a redoblar la campaña por derrotar el ajuste y contra la criminalización de las luchas.

 

MIRÁ TAMBIÉN:

¿Quiénes son la fiscal y la jueza que condenaron a Raquel Blas?