El 3 de mayo se realizó en el Congreso un "Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional", impulsado por el diputado kirchnerista Leonardo Grosso, que se constituyó en un verdadero monumento a la hipocresía. Participaron funcionarios, jueces, legisladores y familiares de víctimas. Al final, se emitió un documento de ‘conclusiones’. "El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones que creen que una Justicia democrática es posible, para fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquéllos a quienes deben cuidar", leyó Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, a modo de cierre. De esta manera, resulta que el Estado convoca a los agraviados a solidarizarse con las políticas de los que sostienen y amparan la ‘violencia institucional’, así como también con una ‘democratización de la Justicia’ que constituye un ataque en regla contra los trabajadores, los jubilados y el derecho a huelga. Sin tapujos, el documento final se refiere a "las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia". ¿Estamos ante una confesión del fracaso de la ‘doctrina de seguridad democrática’ impulsada por Nilda Garré y Horacio Verbitsky? La ‘profesionalización’ de las fuerzas de seguridad que postulan está dirigida contra las luchas y movilizaciones populares, como lo revelan la existencia del Proyecto X y la sanción de las leyes antiterroristas. No se había terminado de secar la tinta del documento final cuando salía a la luz la infiltración de la Policía Federal sobre la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh (ver nota), confirmando que el espionaje sobre los movimientos populares constituye una política de Estado. Los lavadores de dinero y los vaciadores ferroviarios, en cambio, pueden dormir tranquilos y continuar operando bajo su amparo.

Con Ruckauf, Arslanián y Garré, la descomposición del aparato represivo del Estado creció hasta su fusión definitiva con toda la actividad delictiva que se desarrolla en el país.

Los 5.000 luchadores judicializados, los más de 2.200 casos de ‘gatillo fácil’ registrados en la ‘década ganada’ de los K, las 20 muertes en protestas sociales ocurridas desde 2010 a esta parte, el encubrimiento oficial sobre los jefes policiales cómplices de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, el sistemático genocidio de los Qom en territorios gobernados por aliados del gobierno nacional, la militarización de las huelgas que plantea la reforma judicial del kirchnerismo, la completa ausencia de Julio López en el ‘relato oficial’ y la alianza con el buchón de los genocidas, Gerardo Martínez, entre otros, desmienten la impostura de los funcionarios y alcahuetes oficiales y recalcan sus responsabilidades.

El ‘encuentro’ estuvo encuadrado por la ofensiva oficial sobre el Poder Judicial, pero también abundó la demagogia K por la represión de la Metropolitana en el Borda. "Macri creó esa fuerza, porque quería espiar y reprimir a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta", declaró Amado Boudou (Página/12, 4/5). Lo que debería explicar Boudou entonces es por qué el kirchnerismo votó en la legislatura porteña a favor de su creación -pero eso es pedirle peras al olmo.

Lo que necesitamos es desarrollar una movilización independiente del Estado y de todos los gobiernos por el castigo a los culpables de todos los crímenes contra el pueblo y la disolución del aparato represivo, heredero estructural de la dictadura genocida.