Un conjunto de diputados de la Ciudad de Buenos Aires acaba de protagonizar una grave defección política en la lucha por la libertad de los detenidos de la Legislatura.

Ante la interna desatada en el poder y la denuncia de ocultamiento de las pruebas a los defensores, la jueza Ramond llamó nuevamen­te a declaración indagatoria a los diecisiete detenidos, esta vez acom­pañados por los abogados de las or­ganizaciones. En esa oportunidad, nos permitieron ver las pruebas con las que contaba el juzgado para imputarles el delito de “coacción agravada”. Ahí, descubrimos con estupor que esas “pruebas” consis­tían en las propias declaraciones de los policías que habían realizado las detenciones. Eb decir que no ha­bía motivos serios para mantener detenidos a los imputados.

Dos días después, los legislado­res de izquierda Ripoll, Baltroc, Tomás y Rubén Devoto, junto a los le­gisladores zamoristas Bidonde, Betti y Molina, los kirchneristas Schiffrin y Peña y otros del ARI y el PS, se presentaron en la causa pa­trocinados por el Dr. Marcelo Parrilli (Izquierda Unida), para acompa­ñar “18 videos” y solicitar ser cita­dos a declarar como testigos.

Tomaron esta medida sin con­sultar a los diferentes abogados que estamos coordinando el trabajo de la defensa. Esta actitud es inex­plicable. No sabemos a ciencia cier­ta qué contienen esos videos, ni si pueden llegar a involucrar a otras personas o a los propios detenidos. No es un secreto que, luego del cie­rre de la Legislatura, del estallido de la provocación y de la “zona libe­rada”, estalló un ataque represivo -agua, gases lacrimógenos- y la consiguiente respuesta popular, que bien puede estar “documenta­da” en los videos. Con independen­cia de sus métodos u oportunidad, defendemos a la furia popular fren­te al Estado provocador, no la delatamos.

Los legisladores reclaman que “se investigue la presencia de ser­vicios, policías desplazados o barra- bravas”, tal como lo denunció Beliz. Pero depositan esa investigación nada menos que en la misma jueza que viene cometiendo todo tipo de aberraciones contra el derecho a defensa de los detenidos.

Luego de esta presentación, la Policía ofreció al expediente 12 videos más, porque, claro, no van a permitir que ahora se los cuestione por no aportar pruebas, cuando los legisladores sí lo hicieron. Nótese que en los 15 días transcurridos desde que se instruyó la causa, los servicios no habían acercado nin­gún medio de prueba.

Es decir que existiendo la seria posibilidad de “dormir la causa” y li­berar a los detenidos, estos legisla­dores la activaron (no sabemos con qué consecuencias), y hasta abrie­ron el camino para que los servicios presenten sus propias pruebas.

Deploramos la actitud de los diputados de izquierda que han ac­tuado, en este punto, sin consultar a los defensores -Apel, Correpi, Li­ga y otros—, aunque sí a sus “pares” del kirchnerismo, es decir, del go­bierno, cuya participación en la provocación también debe ser investigada.

Sábado 31 de Julio de 2004