Tras el asesinato del joven de 13 años Ismael Ramírez en Chaco, en el marco de una violenta represión policial, el gobierno reunió a su “Mesa de Seguridad”, compuesta por Gustavo Arribas (Side), Oscar Aguad (Defensa), Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), a la que se sumaron el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Las declaraciones posteriores de Patricia Bullrich –justificando el accionar policial, culpando del crimen a sus víctimas y asegurando que el gobierno va a “actuar con autoridad” para “no dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones”– muestran que el macrismo se monta sobre un par de hechos puntuales –reacciones desesperadas frente a la aguda crisis social– para preparar una avanzada sobre las organizaciones populares.

Bullrich hizo referencia a “redes de WhatsApp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas” y afirmó que, por supuestos planes de saqueos en Mendoza, “hay detenidos, muchos de ellos con militancia en organizaciones opositoras al Gobierno que tenía una intención muy clara”. El mensaje preanuncia un régimen de espionaje sobre las organizaciones –retomando la traza del Proyecto X de Sergio Berni y CFK–, lo cual explica la presencia de Arribas, el titular de Inteligencia, en la Mesa de Seguridad.

La titular de Seguridad llegó a conjeturar sobre la existencia de una “especie de guerra de guerrillas”, que fuera el santo y seña del gobierno para justificar las feroces represiones a un pueblo mapuche en la Patagonia, que derivó en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Para la ministra, tal red estaría “por todos lados para generar incertidumbre”: un “enemigo interno” construido a medida para justificar un despliegue represivo “preventivo”, a discreción del gobierno. Como se puede observar, los fundamentos son comunes a los del decreto 683/2018, que habilitó el despliegue de las repudiadas Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Desplegando sus armas contra la movilización popular que rechaza el ajuste, el gobierno se coloca como el guardia de seguridad de los verdaderos saqueadores del país, que son sus patrones del capital financiero.