Esta semana empezaron a llegar a los organismos de derechos humanos, tanto de Mina Clavero como de Villa Dolores, varias denuncias por abusos policiales en torno a las detenciones que se realizan a diario en el valle por supuestas violaciones al aislamiento social obligatorio.

En todos los casos de agresión policial que las organizaciones de DDHH tomaron conocimiento, las víctimas estaban realizando alguna actividad permitida. Se sabe que las actividades por las cuales la circulación está habilitada, como son acudir al dispensario por una emergencia médica, comprar remedios en una farmacia o retirar dinero del cajero, no pueden impedirse. Sin embargo, esto es lo que la policía está impidiendo, avasallando derechos democráticos, y sanitarios elementales.

Las denuncias tienen todos los mismos condimentos: detención arbitraria por estar realizando salidas contempladas, falta de garantías mínimas de higiene y salud, con hasta 4 detenidos juntos en un móvil policial; negativa a comunicarse con algún familiar. También en las denuncias hay un maltrato constante y la falta de constancia de la detención. En otros casos, al detenido se le niega la lectura del acta que le obligan a firmar para salir.

De este modo, bajo la excusa de que el Valle se encuentra libre de coronavirus, el gobierno impulsa un reforzamiento en los controles y con ellos, en un aumento de los abusos por parte del personal policial.

El accionar represivo en el Valle de Traslasierra, lejos de ser menor por “conocernos todos”, se encuentra justamente solapado por ese mismo motivo. Los jóvenes son las principales víctimas del accionar policial. Tras las detenciones suelen salir con mucho miedo a denunciar a sus agresores por cruzárselos constantemente.

Esta semana, el comisario principal de la departamental de San Alberto, frente a la consulta de la prensa sobre las denuncias que empiezan a suceder instó a la población a tratar de hablarles de mejor manera a sus efectivos, ya que “los muchachos” se encontraban muy estresados.

Mientras algunos buscan lavarle la cara y presentar al conjunto de las fuerzas represivas como “trabajadores” que nos cuidan en épocas de crisis, estos hechos, que se suman a varios más denunciados en otras localidades, por medio de redes sociales, muestran el uso indiscriminado de fuerza y las prácticas de abuso que impregnan al conjunto de las fuerzas de seguridad.

El cuidado de los habitantes y garantizar las medidas preventivas no pueden estar en manos de una institución viciada por la corrupción y el abuso del poder. El Estado en ningún momento brindando siquiera un teléfono oficial donde recurrir en caso de abusos.

Solo bajo el control obrero y popular de la cuarentena, poniendo todos los recursos económicos, financieros, logísticos y productivos al servicio de la salud pública y de la alimentación de la población podremos afrontar, esta pandemia.