Ya hubo 4.644 asesinados a manos de las fuerzas represivas del Estado desde 1983, incluyendo “gatillo fácil”, muertes en cárceles y comisarías y asesinados en protestas sociales. Son los que lleva contabilizados la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que el jueves 26 presentó su “informe antirrepresivo 2015”, como lo hace todos los años, en la Plaza de Mayo, acompañada por familiares y organizaciones de lucha.

 

Esta vez, con oradores que desarrollaron varias de las denuncias incluidas en el informe. Entre otros, hablaron Marcelo Ramal (PO-FIT), “Cachito” Fukman (AEDD), Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga) y delegados de los choferes de la 60, que sufrieron la represión en la Panamericana durante su gran lucha.

 

Según la Correpi, los gobiernos K tuvieron un promedio de 200 casos anuales, suficiente para mostrar los límites del “gobierno de los derechos humanos”, la sanata de la “seguridad (represión) democrática”, Milani y la sanción de las leyes antiterroristas. Los congresos contra la “violencia institucional”, encabezados por los funcionarios nacionales que albergaban a Berni y Granados en sus gabinetes, obviamente no aportaron un pito a la lucha contra la impunidad, sino a la lavada de cara del gobierno.

 

La descomposición del Estado y de sus fuerzas de seguridad, asociadas con la creciente criminalización del capital, provocan crímenes horrendos contra los trabajadores y la juventud, desde el “gatillo fácil” hasta masacres sociales como las de Once y Cromañón.

La impunidad de los crímenes de la policía y de las redes de trata, el crecimiento del narco en las grandes ciudades, la represión a las luchas sociales, la corruptela generalizada de los funcionarios se entrelazan con el crecimiento del juego, la especulación inmobiliaria y otros mecanismos de lavado de dinero.

 

La convocatoria de la comisión de familiares de Tucumán, encabezada por Alberto Lebbos (papá de Paulina, asesinada en 2006), que recoge uno de los mandatos del reciente Encuentro Nacional de Mujeres, es una oportunidad para enfrentar desde una posición independiente el recambio de gobierno, fijando una agenda de lucha.

 

Llamamos a impulsar en todo el país la participación de víctimas, familiares y organizaciones combativas del movimiento democrático y de derechos humanos.