El miércoles 29, Horacio Verbitsky declaró en el tercer juicio que se realiza en el marco de la "megacausa" ESMA. Brindó detalles de la confesión que recibió del represor Adolfo Scilingo y que publicó en su libro "El vuelo" (1995), donde explicaba que los cautivos de la ESMA eran arrojados vivos al mar desde aviones de la Marina. Scilingo le confesó a Verbitsky haber asesinado así a 30 personas . Por esos crímenes fue juzgado en España y condenado a 1.084 años de prisión.

En su testimonio, el presidente del CELS afirmó: "que existan 500 condenados, 48 absueltos y 41 sobreseídos en los juicios de lesa humanidad es una prueba indudable de que el sistema funciona porque se respetan los derechos constitucionales en el país, no obstante la decepción que ello ocasiona a los querellantes y víctimas". 

La definición agravia a familiares y sobrevivientes, que luchan desde hace cuarenta años por el castigo a los genocidas.

Los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura comenzaron a desarrollarse a treinta años de los hechos y a cuenta gotas, ya disipado su impacto político y con muchos de los represores en condición de octogenarios. Reflejan el lastre que "el sistema" tuvo que echar ante una lucha tenaz, iniciada en plena dictadura. 

En cambio, "el sistema" que celebra Verbitsky siempre procuró la impunidad de los represores. 

Los partidos políticos que gobernaron el país desde 1983 cargan con la responsabilidad de haber sellado el pacto de amnistía con los militares (Luder), aprobado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (Alfonsín) y decretado los indultos (Menem). A De la Rúa le cupo negar la extradición de los militares cuando fue solicitada por países europeos para juzgarlos. Y fue precisamente para evitar las extradiciones que la bancada del Frente para la Victoria apoyó el proyecto de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que Patricia Walsh presentó en 2003. El bloque oficialista puso como condición que los indultos quedaran excluidos de la ley, y lo logró. 

Las condenas firmes contra los genocidas suman apenas medio centenar. Las cumplen en sus casas o en condiciones de privilegio comparadas con el resto de la población carcelaria. Hasta hace poco, los genocidas eran albergados en dependencias militares. Las primeras denuncias sobre los "vuelos de la muerte" datan de 1976 y transcurrieron diecinueve años desde la confesión de Scilingo, pero esta es la primera vez que esos hechos llegan a juicio en Argentina y son sólo siete los imputados. En la Esma, desaparecieron cinco mil personas. Los números dan cuenta de la magnitud de la impunidad. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad vienen siendo elevados por tramos y en orden cronológico, y abarcan puñados de casos y de acusados. De este modo, los juicios por los principales campos de concentración de la dictadura -Esma, La Cacha, Campo de Mayo, La Perla- se extenderán por al menos una década, si es que continúan desarrollándose. 

Las defensas en coro se opusieron a que HV declare sobre cualquier otra cuestión que no fuera "Vuelos" porque así es como el CELS lo propusode testigo. A pesar de la defensa de la fiscalía y esta parte sobre el derecho de las víctimas a conocer la verdad histórica e indagar sobre qué otras cuestiones podría haber aportado HV, quedó demostrada una vez más a qué conduce la fragmentación de los juicios, así como la adaptación del CELS a los mismos. 

En el año 1993, los genocidas -hoy condenados- Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, no pudieron lograr un ascenso porque admitieron en el Senado de la Nación haber utilizado la tortura en la ESMA durante la dictadura militar.

El gobierno al cual Verbitsky asesora en materia de "seguridad democrática" sostiene a Milani al frente del Ejército y al carapintada Sergio Berni al mando de la Gendarmería para reprimir a los obreros. ¡La lucha contra la impunidad del genocidio fue y continúa siendo una lucha contra el Estado!

Verbitsky, en cambio, hace apología de ese Estado, que es fuente sistemática de agravios y crímenes contra el pueblo, desde la dictadura hasta los muertos del 20 de diciembre de 2001; de Walter Bulacio a Luciano Arruga. De Julio López a Mariano Ferreyra. 

Nuestro planteo es: castigo a todos los represores por todos los compañeros. Cárcel común y efectiva. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Desmantelamiento del aparato represivo.