El Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4) sentenció a los genocidas Jorge Crespi, Federico Minucucci, Néstor Cendón y Gustavo Adolfo Cacivio a la pena de prisión perpetua por su participación en el centro clandestino El Vesubio. 

 

Los cuatro represores fueron condenados como autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidios, violaciones y tomentos. No obstante, el tribunal no hizo lugar a la solicitud de la querella de Justicia Ya!, que solicitó la condena por genocidio, a pesar de que el país ha incorporado tratados que hacen aplicable esa calificación. La decisión de evitar ese encuadramiento excede el plano jurídico. Un plan sistemático de exterminio encabezado por las Fuerzas Armadas que deja un saldo de 30.000 desaparecidos es un genocidio, si es que las palabras aun conservan algún valor. La resistencia judicial a darle ese encuadramiento a los crímenes de la dictadura implica un encubrimiento de la historia de nuestro país.

 

Por otra parte, el tribunal hizo lugar a la ampliación de acusación solicitada por homicidios, -entre ellos, los de Julio Diego Guagnini, hijo de la fallecida dirigente de Familiares Cata Guagnini, y de Luis Pérez, de Vanguardia Comunista-, pero sólo aceptó incorporar dos casos de delitos sexuales de los once que fueron denunciados por los sobrevivientes en el curso del debate.

 

Por último, el TOF 4 decidió mantener la prisión domiciliaria de Minicucci y Crespi, a pesar de la solicitud de cumplimiento efectivo de condena en cárcel común. Uno de los genocidas acusados, José Faustino Svencionis, falleció pocos días antes del alegato de nuestra querella.

 

En el campo de concentración El Vesubio actuaron una centena de genocidas. El listado de represores fue entregado por los compañeros ex detenidos desaparecidos sobrevivientes a la justicia apenas reiniciados los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, entre el primer juicio por esta causa -que tuvo sentencia en 2011- y este que acaba de finalizar, fueron juzgados apenas once genocidas. El juez de instrucción a cargo, Daniel Rafecas, aún no elevó a juicio estas actuaciones por lo que un nuevo tramo de la causa, que se realizará en no menos de dos años.

 

La justicia a cuentagotas garantiza impunidad.