El pedido del fiscal para que se absuelva al compañero Oscar Martínez, secretario gremial de la UOM Río Grande, Tierra del Fuego, es una gran victoria de los trabajadores contra la represión policial. El enjuiciamiento de Martínez tuvo que ver con lo hechos que determinaron el asesinato del compañero Víctor Choque por parte de la policía. Decenas de compañeros que participaron de las movilizaciones que motivaron el juicio, viajaron de Río Grande a Ushuaia para testimoniar a favor de Martínez. Seis policías fueron juzgados conjuntamente con Martínez en una pérfida maniobra que pretendía colocar a la justicia por encima de las partes y condenar a “la violencia cualquiera fuera su signo”, como si la explotación capitalista y el Estado patronal fueran un ‘signo’ y no una estructura social, uno, y un aparato de violencia el otro, dirigidos exclusivamente contra los trabajadores.

Pues bien, para los seis representantes del otro ‘signo’ el fiscal tuvo que pedir una condena de 5 años para uno, la prisión condicional para otro y la realización de trabajos comunitarios para los restantes, debido a la”desproporcionalidad”, “agresividad injustificada” e “irracionalidad” que manifestaron en la represión. El fiscal no reparó, sin embargo, que estos ‘perejiles’ no hicieron más que ‘obedecer debidamente’ las órdenes que recibieron de sus jefes y del gobernador Estabillo —el cual se encuentra libre a pesar de haber sido acusado por maniobras ilícitas con títulos públicos provinciales.

No se crea, de todos modos, que la justicia se habrá comportado ‘dignamente’ cuando ratifique el pedido del fiscal. El compañero Martínez ya fue condenado en suspenso en dos procesos previos, en relación a estos mismos hechos, incluso por esta Cámara, por los cuales se le descuenta un 20% del sueldo y se lo obliga a realizar trabajos fuera del trabajo.

Oscar Martínez se negó a declarar durante el juicio en protesta por la negativa de los jueces a pasar la gran cantidad de videos filmados sobre los acontecimientos. La absolución del compañero fue el precio que prefirió pagar la justicia a tener que ventilar públicamente los verdaderos alcances y la verdadera autoría de la represión.

Hay que seguir la lucha para que se cierren los procesos que se siguen contra cerca de mil militantes sindicales y luchadores en todo el país.