El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) notificó hoy su decisión de desestimar la sanción solicitada por el defensor de genocidas Juan José Lossino contra nuestra compañera Pía Garralda, militante de Apel e integrante del colectivo Justicia Ya! La Plata. Anteriormente, el Colegio de Abogados de La Plata (CALP) había dictado una sanción de apercibimiento más costas por $2.640 contra Garralda a raíz de la “denuncia” que presentó Losinno luego de la sentencia del juicio que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar en el centro clandestino “La Cacha”. El motivo de la denuncia: el abogado se quejó de Garralda por no haberlo saludado en los pasillos de tribunales y haberle expresado nuestra compañera que no saludaba defensores de genocidas.

El COLPROBA expresa en su resolución que no se trató de un daño a la libertad de expresión y de opinión dicha sanción, por lo cual reduce sus fundamentos sólo al ámbito disciplinario del Colegio de Abogados. Al respecto expresa que la conducta denunciada no puede ser encuadrada en ninguna violación al Código de Ética profesional, como invocaba Lossino, ya que el denunciante no pudo probar dicha falta. Además de facho, mal perdedor: su defendido, Claudio Raúl Grande, personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar, fue condenado a 13 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad en complicidad con el delito de genocidio.

Durante el desarrollo del juicio contra los genocidas de “La Cacha”, el defensor Losinno acechó a sobrevivientes y familiares en los pasillos de los tribunales, los agravió mientras prestaban testimonio y protagonizó toda clase de chicanas y provocaciones con el fin de dilatar las audiencias de un demorado juicio, que se desarrolló 38 años después de los hechos. Durante todo el proceso, el abogado mostró su profunda compenetración con los métodos y la ideología de los represores. El hostigamiento por parte de Losinno motivó que el Tribunal Oral N°1 lo apercibiera, precisamente, por su actitud “poco ética”. La sanción fue comunicada al Colegio Público de Abogados de La Plata para que investigue su actuación profesional, cosa que este no hizo ni tomó en cuenta como antecedente a la hora de resolver contra Garralda.

Lossino es un militante de la derecha católica y fue defensor del pedófilo Julio César Grassi, de policías de gatillo fácil y recientemente asumió la defensa del urólogo abusador de Ensenada, Pablo Colaci. Su “denuncia” contra nuestra compañera fue parte de los ataques que propinó contra sobrevivientes y familiares y contra los organismos de derechos humanos independientes y sus militantes que bancaron el juicio. Lossino recibió un contundente rechazo, expresado en las más de 400 firmas al petitorio por el desistimiento de la denuncia, que va fue presentado ante las autoridades del CALP, junto a las presentaciones realizadas por su parte, ATE provincia de Buenos Aires, Suteba La Plata y la FULP, entre otros. Asimismo, cabe resaltar que todos los colegas que firmaron el petitorio rechazando la sanción luego también fueron denunciados por Losinno ante el CALP; entre ellos, denunció a una abogada sobreviviente de la dictadura y a un abogado de la secretaria de Derechos Humanos ante sus superiores, las cuales fueron archivadas.

Esta resolución se da en un contexto de intento de reconciliación y negacionismo por parte del gobierno, en el cual una gran parte de los genocidas condenados fueron beneficiados por la prisión domiciliaria, o la libertad por vencimiento de prisión preventiva.

Seguiremos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.

Cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas.

A los genocidas y sus defensores: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

 

El texto completo de la resolución.