A contramano de lo que afirma Victoria Villarruel, por la única impunidad que ha trabajado el Estado es la de los genocidas de la última dictadura militar, de la cual ella no dice una sola palabra porque niega que hayan sido crímenes de lesa humanidad.

Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, solo 108 personas detenidas por causas vinculadas al terrorismo de Estado se encuentran en prisión, mientras que 549 están bajo arresto domiciliario. A su vez, 1.506 personas que están bajo investigación permanecen en libertad. Por otra parte, si bien desde 2006 a esta parte se dictaron 1.117 condenas, 1.036 personas investigadas ya fallecieron, por lo que muchas gozaron de una impunidad biológica y otras estuvieron un tiempo mínimo en prisión.

Ahora bien, la cantidad de centros clandestinos de detención que hubo bajo la dictadura (814) es ocho veces mayor al número de personas que hoy se encuentran en la cárcel por los crímenes cometidos durante ese período. A su vez, hubo poco más de un condenado por cada centro de tortura y exterminio existente. Por su parte, los empresarios y religiosos cómplices del gobierno militar ni siquiera fueron sentados en el banquillo de los acusados.

Por otro lado, permanecen cerrados los archivos de la exside, lo cual impide conocer a fondo qué ocurrió con cada compañero detenido-desaparecido y con los niños apropiados, y se preservó en democracia el aparato represivo y servicios de inteligencia que operaron durante la dictadura. Lo anterior revela el grado de impunidad otorgado a los genocidas por parte de los sucesivos gobiernos constitucionales.

A las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas por Alfonsín, se sumaron los indultos de Menem y los procesos judiciales a cuenta gotas desde 2006 a esta parte. Todos los gobiernos buscaron reconciliarse con las Fuerzas Armadas, en función de reforzar la represión a la protesta social para hacer pasar sus políticas de ajuste. Fue gracias a la lucha popular, de manera independiente al Estado, que no pudieron  avanzar hasta el final con esa orientación.

Como resultado de la movilización callejera, se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad  en 2006 (sumado a la presión que ejercieron los pedidos de extradición realizados por España) y se derribó en 2017 el fallo de la Corte Suprema que pretendía dejar en libertad a varios de los detenidos por ese delito (haciendo que computaran doble sus días en prisión), conocido como 2×1.

Milei y Villarruel, formentando el negacionismo, buscan prosperar en esa tarea, restituyendo definitivamente a las Fuerzas Armadas en la represión interna, a los fines de imponer su programa de choque directo contra las masas. El pueblo debe volver a las calles de manera urgente para derrotar esos planes reaccionarios. No fue una guerra, fue genocidio, los 30.000 están presentes.

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