Violento desalojo en Capitán Bermúdez: la crisis habitacional no se resuelve con represión

Sucedió en el barrio Copello de Capitán Bermúdez el sábado 12 de junio.

El sábado 12 de junio la Policía de Santa Fe desalojó violentamente un asentamiento habitacional ubicado en barrio Copello de la ciudad de Capitán Bermúdez. Son terrenos donde se había asentado un grupo de familias muy pobres, fundamentalmente mujeres y niñxs sin techo. Tras el violento desalojo, se movilizaron a la Municipalidad.

El operativo policial fue dispuesto por el fiscal de San Lorenzo, Aquilles Balbis. Se derrumbaron las precarias construcciones en las que vivían unas 25 familias. El intendente Daniel Cinalli (del PJ) es el instigador de esta represión, ya que los terrenos son de la Municipalidad.

Pese a que el problema es de larga data, como denunciaron las jefas de familias que encabezan el reclamo, no se ha ofrecido ninguna solución a personas que han huido de situaciones de hacinamiento, violencia o no tienen trabajo. Cínicamente, les ofrecieron materiales para construir sin brindarles un terreno. No existe ningún banco fiscal de tierras ociosas para proyectos de vivienda popular. Por el contrario, hay una monopolización especulativa del suelo por inmobiliarias.

La toma del predio comenzó a principios de mayo, según denuncian las vecinas con el aval que había dado el intendente de la ciudad. “Somos del barrio y vivíamos hacinados, de prestado, o sin lugar para vivir ante la imposibilidad de mantener un alquiler. Por eso ocupamos estas tierras. Somos trabajadores, pero ninguno tiene un salario efectivo, changueamos para poder darle de comer a nuestros hijos. La necesidad nos trajo hasta acá. Con donaciones hacemos olla para la toma y también para el resto del barrio” (Radio Che, 12/6), declaró una de ellas a los medios.

“Esto era un basural. Lo hemos limpiado nosotros. En medio de la pandemia no tenemos acceso al agua, acá hay ratones, víboras. Estamos con nuestros hijos, pasando las inclemencias del frío y las lluvias. (Los funcionarios de) Desarrollo Social solo se han acercado para amenazarnos con quitarnos a nuestros niños” (AnRed, 12/6), sostuvieron.

Los últimos datos publicados dan cuenta de que en la provincia de Santa Fe hay 80.000 viviendas vacías, destinadas a la especulación inmobiliaria, mientras centenares de miles de personas no cuentan con acceso a vivienda familiar producto del aumento explosivo de los alquileres y la ausencia completa de líneas de créditos accesibles para comprar una vivienda.

La toma de barrio Copello expresa la realidad de la clase trabajadora en su conjunto, con desocupación, salarios de miseria y hambre, que es respondida por el Estado con la represión que busca acallar esta realidad. Mientras madres e hijxs se resguardan bajo chapas y lonas en un predio abierto, el “Estado presente” consiste en patrulleros que hostigan y asedian a quienes no tienen ni tierra, ni trabajo ni vivienda.

La fiscal Melisa Serena -imputada en una causa que  investiga una red de juego clandestino, precisamente por no investigar al Senador Armando Traferri (PJ)- mantiene procesadas a 24 de las mujeres que participan de la toma por “usurpación”. Es muy clara la doble vara con la que actúan el poder acusatorio del Estado, mientras archiva causas que involucran a funcionarios corruptos y persigue a mujeres pobres que no tiene dónde vivir con su prole. Desde el Partido Obrero reclamamos su inmediato desprocesamiento.

El Estado debería garantizar un banco de tierras municipales y líneas de crédito accesibles a las y los trabajadores para que puedan tener un techo. Este asentamiento no debe ser marginado, sino integrado como parte de un plan de urbanización integral en barrio Copello, bajo control de sus habitantes.

Basta de represión y violencia contra las trabajadoras. Es fundamental poner en pie un plan de viviendas popular que pueda dar respuesta a los reclamos de las miles de familias de toda la provincia que se encuentran en esta situación.

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