Trabajadores senegaleses fueron violentamente desalojados en el centro de la ciudad de La Plata el día lunes 27 de julio, en medio de un feroz operativo desplegado por la Policía Bonaerense y Control Ciudadano de la Municipalidad. Más de 50 efectivos policiales e inspectores municipales decomisaron su mercancía, alegando que la venta ambulante está prohibida y representa una “competencia desleal con los comercios legales”.

La Federación Empresaria de La Plata, la cámara patronal de los grandes comerciantes de las calles 8 y 12, reclama al municipio este accionar argumentando que los vendedores ambulantes “ponen en riesgo a toda la población ya que tampoco cumplen con las mínimas normas sanitarias en medio de la pandemia”. En realidad, es en los comercios “legales” como Walmart, Carrefour o la Línea 202, donde los trabajadores no cuentan con protocolos sanitarios y les obligan a ir a trabajar aun cuando hay casos de contagios. Por otra parte, les migrantes de la región venimos denunciando que con hambre es imposible sostener la cuarentena.

La población migrante, en su mayoría desocupada o con trabajos informales, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. El trabajo ambulante creció en un 263% en el 2019 por la profundización de la crisis y la desocupación, lo que sumado a la pandemia hace que sus condiciones de vida se deterioren de forma acelerada. El gobierno de Alberto Fernández no garantiza la asistencia social necesaria para cumplir la cuarentena y excluye a los migrantes del insuficiente IFE (solo un 5% de la población senegalesa en La Plata accedió, 10 personas), obligando a les trabajadores a exponerse al contagio. Por otra parte, el DNU 70/2017 que criminaliza a la población migrante continúa vigente.

Estos feroces operativos se apoyan en el Código de Convivencia represivo del intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro y son organizados junto a la Policía Bonaerense de Sergio Berni y Kicillof como parte de una política de criminalización de los sectores más vulnerables en beneficio de los grandes comerciantes de la ciudad, fomentando el racismo, la xenofobia y la discriminación. En las últimas horas hubo nuevos operativos en la ciudad de forma conjunta entre la Bonaerense, el GAD, Control Urbano y Tránsito. Todo esto en el marco de un aumento de la persecución, los casos de gatillo fácil y la represión policial, para regimentar aún más a la población trabajadora y a la juventud.

Exigimos un seguro universal por desempleo de 30.000 pesos mensuales y el pago inmediato del IFE a los migrantes; la regularización documentaria; la derogación inmediata del DNU 70; el fin de la represión a los vendedores ambulantes; terminar con la persecución a les migrantes y la violencia discriminatoria y xenófoba de la policía y el Estado.