La golpiza recibida por el joven Marcelo González el 31 de octubre pasado, a manos de un seguridad en el bar Palermo Soho, un lugar donde asisten muchos jóvenes, expone la complicidad del Estado con este tipo de prácticas. El local queda en el centro de la ciudad y a pocos metros de la municipalidad. Los golpes de los “patovicas” fueron filmados, causando gran conmoción en la ciudad.

Conocido el hecho y como parte de un conjunto de acciones de la familia de Marcelo, su madre se dirigió a la Oficina de “Comercio e Industria” del Municipio y allí nos enteramos que el local tiene habilitación desde el 6 de octubre de 2021, como “bar y restaurante”, y el titular del local sería Matus Bastías Alex. El local funciona desde hace mucho más tiempo, incluso durante la cuarentena cuando no se permitía apertura ni reuniones, y, además, el propietario no sería esta persona.

A partir del video que viralizó la golpiza a Marcelo, innumerables denuncias han circulado en redes sociales sobre casos de abuso, secuestros, golpes y venta de drogas en ese mismo lugar. Mínimo debería haberse abierto una investigación a fondo sobre los hechos relatados. No ha sucedido nada de eso, a 15 días de haber desfigurado a un joven.

Cuando la mamá de Marcelo fue a pedir información a la fiscalía municipal, la “directora de Inspectores”, Bibiana Lagos, llegó a decirle que Fernando Guerrero había impedido la entrada al local de los inspectores, cerrándoles las puertas, y los había amenazado. Aquí se pone de manifiesto cómo el Estado ampara a los empresarios de la noche, protegiendo lugares donde se pone en peligro a nuestra juventud, con violencia, drogas y abusos.

El fin de semana siguiente a la golpiza, y hasta el día de la fecha, el lugar sigue funcionando con normalidad. Mientras Marcelo aún no puede comer bien, ni dormir producto de las lesiones causadas por los golpes. Perdió piezas dentales y el tratamiento que necesita, los implantes y prótesis, no los realiza salud pública, y Marcelo no posee no obra social ni dinero para pagarlo.

Exigimos la clausura del lugar y las explicaciones de parte del Juzgado de Faltas de Zapala, así como del Ejecutivo municipal, que ampara a los empresarios que lucran poniendo en riesgo a los jóvenes.

Seguiremos acompañando a Ramona, la madre de Marcelo, sus amigos y a todos aquellos casos que se vinculan a la complicidad e impunidad estatal.