En las últimas semanas se han registrado numerosos casos de ataques, incluidos asaltos sexuales, a niñas y adolescentes en el barrio porteño de Saavedra. Con pocos días de diferencia, se registraron un ataque a golpes en la esquina de las calles Miller y Valdenegro, un intento de violación en Balbín y Machaín y robo y golpes en Crámer y Arias.

También alumnos del Polo Educativo refieren ataques de patotas, tanto sobre la avenida Larralde como en la plaza de la copa, sobre Balbín. Se trata de los mismos estudiantes que vienen de organizar la toma del establecimiento en apoyo a la lucha docente, por lo que las agresiones podrían constituir una amenaza contra su organización.

La progresión de crímenes pone de manifiesto la existencia de zonas liberadas por las policías Federal y Metropolitana, actualmente unificadas en la Policía de la Ciudad. Las comisarías de la zona se encuentran altamente cuestionadas: la N° 49 tiene una larga lista de descabezamientos, en general por su involucramiento en negocios ligados al tráfico de drogas, mientras que la N° 35 fue allanada hace pocos días tras una denuncia por coimas y connivencia con el delito –en el caso del robo en la calle Crámer, los agentes de la 35 se resistieron a tomar la denuncia y a hacer el seguimiento de los celulares.

En la zona opera también el precinto 12 de la Metropolitana, cuyo mayor “logro” consiste en patrullar el parque persiguiendo y acosando a los jóvenes que lo utilizan para recreación.

Mientras todo esto sucede, el tráfico de drogas y las cocinas de paco se multiplican bajo las miradas distraídas de la Gendarmería y de la fiscalía de la zona, a cargo de José María Campagnoli –que, sin haber desmantelado una sola organización narco, dedica sus horas a acosar a los vecinos del Barrio Mitre mediante el espionaje, y es responsable el encubrimiento en casos de gatillo fácil.

La connivencia de las fuerzas de seguridad y la justicia con el narcodelito no sólo permite grandes ganancias: también refuerza una situación de descomposición social por las innumerables víctimas de adicciones (se ha vuelto común ver por el barrio jóvenes destruidos por el paco tirados en la calle), pero también por la mano de obra que maneja el negocio del menudeo y que viene asociado a la violencia en general y hacia la mujer en particular –una ligazón que exhibió de manera brutal el femicidio de Lucía en Mar del Plata.

En vista de esto, queda claro que pedir más seguridad o más policía jamás resolverá el problema: hay tres fuerzas operando en la zona y sin embargo la violencia, en particular hacia los jóvenes y las mujeres, crece de forma atroz. En tanto participan de la organización del delito, las fuerzas de “seguridad” son parte del problema.

Los vecinos, trabajadores y estudiantes del barrio debemos organizarnos de manera independiente para terminar con las zonas liberadas.

Que se abran los libros de las comisarías. Basta de mafias policiales. Por la reorganización de la seguridad ciudadana bajo control de las organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores.